¿Y las asociaciones independentistas?

No es extraño que la Fiscalía General se haya planteado la posibilidad de traer al proceso a Asamblea Nacional Catalana y a Òmnium Cultural como investigados y suspender sus actividades

La Asociación Deportiva Fútbol Club Barcelona inauguró la aplicación de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que introducía en nuestro ordenamiento (artículo 31 bis del Código Penal) la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hasta entonces solamente habían concurrido al proceso penal como responsables civiles subsidiarios de las personas físicas acusadas por delitos cometidos en el seno de su actividad asociativa o societaria. Así pues, asociaciones, fundaciones y corporaciones, incluidos los partidos políticos y los sindicatos, «serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho». No son penalmente responsables el Estado, las administraciones públicas, los organismos reguladores, las organizaciones internacionales de derecho público y las entidades públicas empresariales. Tras ser admitida la querella interpuesta por un socio del club contra el presidente Sandro Rosell (5 de diciembre de 2013) por un supuesto delito de apropiación indebida, el fiscal pidió la imputación del Barcelona por delito fiscal, que el juez Ruz acordó «por no tributar por todos los contratos de Neymar». Precisamente, los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social forman parte del 'numerus clausus' de tipos delictivos que pueden imputarse a las personas jurídicas.

El Partido Popular ha sido la siguiente organización relevante en sufrir la aplicación de la referida reforma penal. Imputado o investigado por la destrucción de los discos duros de Bárcenas, también lo ha sido en el 'caso Imelsa', por supuesto blanqueo de capitales en Valencia.

Esta importante reforma, que sin duda llevará a que otras asociaciones, sociedades y empresas resulten investigadas en otros tantos procesos penales, ha dado lugar a una nueva oferta de asesoramiento jurídico tendente a que las empresas adopten medidas que puedan eximir o atenuar su responsabilidad penal; asesoramiento o consejo que se enmarca en la institución anglosajona del 'Corporate defense'.

Ahora, tras el aluvión de noticias que nos llegan sobre el denominado golpe de estado acontecido en Cataluña y tras la entrada en prisión de dos de sus más señeros protagonistas, es oportuno que nos preguntemos si las asociaciones Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana tendrían que ser llamadas al proceso en el que sus respectivos representantes, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, están siendo investigados. El auto de prisión de 16 de octubre de 2017 deja claro que ninguno de ellos actuó de forma individual o a título particular, sino en tanto que presidentes de las citadas asociaciones, utilizando los medios materiales y personales y los soportes de comunicación propios de tales organizaciones y movilizando a sus socios y simpatizantes.

Los llamamientos a concentraciones «para aturar la Guardia Civil», el 'sitio' al que sometieron a la Comisión judicial y a la letrada de la Administración de Justicia en la Consejería de Economía y los daños que produjeron a vehículos y materiales de la Guardia Civil, los turnos de voluntarios que organizaron y el cordón que hicieron para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos acompañados de gritos a los Mossos (no us mereixeu la senyera que portea) y a la Guardia Civil (no sortireu), la convocatoria a permanecer toda la noche en los colegios electorales para ofrecer resistencia a las actuaciones policiales, el aviso de los registros con la consigna «concentraciones ahora mismo para parar a la Guardia Civil»; todas estas medidas contaron con la convocatoria previa a través de los medios de Òmnium Cultural y de la ANC, y fueron organizadas por 'los Jordis', máximos responsables de estas asociaciones.

No es extraño que la Fiscalía General del Estado se haya planteado la posibilidad de traer al proceso a Asamblea Nacional Catalana y a Òmnium Cultural como investigados y suspender sus actividades, con lo que se evitaría que otros miembros de tales asociaciones tomen el relevo en la actuación ilícita de los encarcelados. Tengamos en cuenta que uno de los criterios más relevantes de la decisión de la magistrada Carmen Lamela ha sido el evitar la continuidad delictiva de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. El problema es que el delito de sedición que se les imputa no se encuentra en el catálogo o numerus clausus de delitos por los que pueda exigirse responsabilidad penal a las organizaciones que presiden. Entre otros, las personas jurídicas responden por diversos delitos relacionados con la corrupción, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, tráfico de drogas, terrorismo, etcétera; pero no por el delito de sedición.

Esta ausencia no significa que tales asociaciones no hayan protagonizado una actuación continuadamente ilícita. Tengamos en cuenta que la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, establece en su artículo 2, apartado 7 que «las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales». Siendo así, habrá que determinar la vía por la que tal ilegalidad haya de ser declarada.

Desde el punto de vista criminal tendríamos que acudir al artículo 515 del Código Penal que considera asociaciones ilícitas, entre otras, «las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión». Una de las consecuencias de este delito es la disolución de la asociación ilícita (art. 520). Más grave, seguramente excesiva, sería la consideración de cada una de estas asociaciones independentistas como organización o grupo criminal, que define el Código Penal como la agrupación formada por dos o más personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada o coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos» (art. 570).

En tanto se estudia la viabilidad de suspender las actividades de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, tal vez se debería comenzar por traerlas al proceso como responsables civiles por los daños materiales que ya han causado sus adeptos en tres vehículos de la Guardia Civil, valorados en 33.729,90, 34.708,51 y 67.193,51 euros, respectivamente (página 7 del auto de prisión). Y esto sin contar el enorme coste que ha supuesto a las arcas del Estado el importante contingente de fuerzas de seguridad preciso para contener la resistencia, la desobediencia y las agresiones de miembros y simpatizantes de estas organizaciones, debidamente adoctrinados y espoleados por Sánchez y Cuixart.

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