La aplicación inevitable del 155

YOLANDA GÓMEZ Catedrática de Derecho Constitucional de la UNED

La respuesta del presidente de la Generalitat a la segunda petición del requerimiento del Gobierno de España -la vuelta a la legalidad- nos ha puesto ante una escena similar a la del pasado 17 de octubre, aunque hay algunos matices que conviene destacar.

En primer lugar, parece afirmarse que no ha habido hasta ahora declaración de independencia, ya que se amenaza con votar dicha declaración en una nueva sesión parlamentaria si se continúa con lo que el Gobierno catalán considera ataques a Cataluña y a su petición de diálogo. Se trata, pues, de un ultimátum al Gobierno de España para el que la aplicación del Estado de Derecho no es una opción sino una obligación ineludible.

Por otro lado, aunque entendiéramos que no ha habido tal declaración parlamentaria, sí la hubo en los actos posteriores cuando las fuerzas independentistas firmaron la declaración que llevaba tal nombre. No debemos caer en la ficción de considerar que la declaración de independencia se declaró o no en función de la aplicación de las leyes catalanas de transitoriedad y del referéndum; la primera suspendida y la segunda ya declarada íntegramente inconstitucional por el Tribunal Constitucional, sin que tal sentencia, por cierto, haya merecido mención alguna en la respuesta de Puigdemont, el cual sigue aludiendo al mandato democrático del 1 de octubre, como si tal cosa pudiera hacerse desde la subversión del orden constitucional vigente.

La aplicación de este artículo 155 puede basarse en todos los actos realizados hasta ahora por la Generalitat de Cataluña y no solo en la declaración de independencia, desde el lamentable pleno del Parlamento del 6 y 7 de septiembre hasta hoy, pasando por la ilegal convocatoria del referéndum del día 1 de octubre, en el que, con mensajes totalmente falsos, se incitó a una parte de la ciudadanía a participar en un proceso que vulneraba tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía y de cuyo resultado solo los convocantes son responsables.

El Gobierno ha respondido inmediatamente y, constatado que el Gobierno de Cataluña no restaurará la legalidad, activará el artículo 155 CE en un próximo Consejo de Ministros en el que se aprobarán las medidas que deben someterse a aprobación por mayoría absoluta del Senado.

Aunque a lo largo de los días precedentes ha habido tímidas muestras de distensión, lo cierto es que volvemos a estar en una situación muy grave, con el Gobierno catalán usando el poder político que recibió de la Constitución y del Estatuto de Autonomía para subvertir, desde dentro, ese mismo orden constitucional del que derivan sus poderes.

La petición de diálogo que también se incluye en la carta debería ser atendida siempre que el Gobierno catalán y las fuerzas independentistas que le apoyan renuncien a mantener a Cataluña fuera de la ley.

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