Animaladas

Alberto Gómez
ALBERTO GÓMEZ

Una jueza ha dictado una orden de alejamiento para proteger de sus dos dueños a una perra arrojada al vacío en Lugo. El auto recoge una apreciación extralimitada pero valiente: quien maltrata a un animal «también despliega su instinto agresivo contra personas que considera inferiores». Esta semana hemos sabido además que Canarias prohibirá las paleas de gallos. Más cerca, en Torremolinos, Carmen Marín apura sus últimas horas antes de entrar en prisión. La presidenta de Parque Animal, la falsa protectora donde se exterminaron cientos de perros y gatos con fines lucrativos hasta 2010, exhibe estos días una frenética actividad en redes sociales para, entre otras bobadas, promover boicots contra productos catalanes y compartir 'memes' de Carme Forcadell, tocaya y compañera de pijama de rayas, además de compatriota por mucho que a ambas les pese. Marín ya no se libra de la cárcel ni con una fianza de 150.000 euros, y eso que podría permitírselo. Como Forcadell. Ay, Carmelas.

El caso de Parque Animal evidencia el alarmante déficit que España arrastra en materia de legislación contra el maltrato animal pese a las últimas modificaciones del Código Penal, aún insuficientes. Carmen Marín no entrará en prisión por sacrificar de forma injustificada y agónica a cientos de animales, sino por manipular los listados de incineraciones del Ayuntamiento de Torremolinos, porque en nuestro país el delito de falsedad documental está más castigado que el maltrato, en este caso exterminio, animal. También la pena por robar una cartera con 400 euros es más dura que por congelar perros y gatos vivos para hacer hueco en una perrera disfrazada de protectora y así seguir cobrando por recibir animales.

El discurso triunfalista de alguna asociación que estos días ha querido apuntarse el tanto de haber jugado un papel fundamental para encarcelar a Marín, obviando la extraordinaria investigación del Seprona y el trabajo de los socios afectados y del fiscal de Medio Ambiente, resulta tramposo y conduce al engaño de pensar que se ha hecho justicia. Hasta el propio juez lamentaba en su sentencia que el Código Penal no contemple la posibilidad de endurecer la pena en uno o dos grados cuando el maltrato animal revista extrema gravedad.

Volviendo a Lugo, el auto podría resumirse en que resulta incompatible ser buena persona y maltratar a un animal, algo extrapolable a nivel nacional; ninguna sociedad que se considere civilizada puede permitir ese sufrimiento.

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