La amnistía fiscal de Montoro

A CADA UNO LO SUYO

La anulada amnistía fiscal supone la abdicación del Estado

PEDRO MORENO BRENES

Hagamos memoria. Año 2012, el gobierno del PP recién entrado en la faena de gobernar un país con una grave crisis económica, no tiene otra ocurrencia que aprobar el Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, donde incluyen la denominada ‘declaración tributaria especial’, conocida como la ‘amnistía fiscal’. La Disposición Adicional primera de esta norma posibilitó que los contribuyentes del IRPF, Impuesto de Sociedades y el de No Residentes que eran titulares de bienes o derechos que no se correspondiesen con las rentas declaradas en dichos impuestos, pudieran regularizar su situación tributaria pagando solo el 10% del valor de lo no declarados, sin intereses, recargos, ni multas. Por si fuera poco el ‘regalo’ a los defraudadores, se modificó también la Ley 58/2003, General Tributaria y así su art. 180.2 permite que la regularización logre la exoneración «de su responsabilidad penal, aunque la infracción en su día cometida pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública». ¡Olé!, pagan mucho menos, se ahorran multas, recargos e intereses y se libran de la responsabilidad penal en caso de delito. Además, la norma no estuvo fina desde el punto de vista técnico hasta el punto que para su interpretación hizo falta el mamotreto de la Orden Ministerial de 31 de mayo de 2012 y sendos Informes de la Dirección General de Tributos.

El artículo 31.1 de la Constitución debe ser el canon a seguir en estos menesteres de la Hacienda: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». Ambas normas se llevan mal, pero deber ganar la más fuerte, es decir, la Constitución por ser la norma suprema de nuestro ordenamiento; por eso el TC ha declarado nula la mencionada disposición por vulnerar el artículo 86.1 de la Constitución, que prohíbe que el decreto-ley afecte «de forma relevante o sustancial» a los derechos y deberes consagrados en el Título I de la Constitución, donde se incluye el mencionado deber de todos de contribuir «al sostenimiento de los gastos públicos».

El TC saca pecho y dice que el precepto anulado «en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo» y «supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos». No comparto, sin embargo, que los efectos de la sentencia no impliquen la anulación de las declaraciones tributarias afectadas en base a una difusa apelación a la ‘seguridad jurídica’. Por puro civismo, que al menos les hagan escribir mil veces la frase del poeta estadounidense Oliver Wendell Holmes «Los impuestos son el precio de vivir en una sociedad civilizada.»

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