GMU: Amanece, que no es poco

La Administración es hoy procedimiento, protocolo, papeleo y tramitación, con muchas ventajas para ella y pocas para el administrado; y así es imposible que un país ande

SALVADOR MORENO PERALTA / ARQUITECTO

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) vuelve a estar de actualidad ante las noticias de una desorbitada acumulación de expedientes sin resolver, lo que ha llevado al Ayuntamiento a realizarle una auditoría de gestión. Su solo anuncio ha sonado poco menos que a medida disciplinaria, cuando se trata del procedimiento más normal del mundo en cualquier empresa o corporación para comprobar sus parámetros de eficacia, y lo que sorprende es que no lo hubiera hecho antes, pues, además de su muy necesaria reorganización interna, ello le hubiera permitido demostrar que de los muchos fallos de funcionamiento que se le imputan no de todos es responsable.

La Gerencia se instituyó en el año 1983 para excluir al urbanismo del anquilosamiento burocrático, confiriéndole la agilidad propia de las empresas del sector privado. Se confiaba entonces en la garantía del 'management privado de lo público', externalizando la prestación de los complejos servicios de la gestión urbanística, responsable nada menos que de la configuración, evolución y crecimiento de una ciudad de medio millón de habitantes. Hubo en su momento una verdadera 'fiebre de gerencias' por toda España pero sus resultados, al cabo del tiempo, distaron mucho de las expectativas puestas en ellas. Ni se externalizaron del todo sus servicios ni su funcionamiento fue inmune al inexorable proceso de burocratización al que todo organismo sucumbe según la ley de Parkinson, entre otras cosas porque no existe en la Administración pública española una evaluación del personal por criterios de rendimiento, a diferencia de la lógica inherente a la empresa privada. Pero nada de esto justifica por sí solo el extremo enrevesamiento al que hoy han llegado los trámites urbanísticos hasta el punto de llevar la Gerencia al colapso absoluto, algo de lo que este órgano es más consecuencia que causa.

Tal vez haya que buscar la verdadera causa, como siempre, en razones políticas. En nuestro país, la concepción destructiva de la oposición política (no importa cuál) se preocupa menos del interés general que de zaherir al contrario a cualquier precio, lo que ha llevado a que la dinámica de la vida civil discurra con las orejeras del 'procedimiento', no como garante de los derechos ciudadanos -lo que sería inobjetable-, sino como un ejercicio de filibusterismo partidista. La gestión de lo comunal va enrollándose poco a poco en un bucle histérico en el que los objetivos del interés ciudadano se desvanecen, convirtiendo al procedimiento en un fin en sí mismo. Se dirá, y con razón, que la política en nuestro país ha degenerado en una charca hedionda, pero eso no se arregla atiborrándonos de leyes, sino con más vergüenza. Tanta acumulación de leyes, decretos y normativas bien podría ser la coartada para eludir la responsabilidad política de la acción. ¿Para qué actuar, si ya tenemos miles de normas que deciden por nosotros? Y así, la consecuencia más perversa de los casos de corrupción (demasiados para decir que son aislados) es la perturbadora judicialización de la actividad administrativa, que criminaliza cualquier error procedimental por pequeño que sea. En esta situación, y ante el riesgo probable de incumplir alguna norma en el piélago de ellas (con la espada de Damocles de una imputación), el funcionario público se resguarda cautelosamente en el baluarte del procedimiento con la frustración diaria de no poder ejercer una pedagogía ciudadana como 'fedatario prudente de la ley', base de la verdadera vocación de servicio a la comunidad. Podemos decir, pues, que la función pública tiene el enemigo en el propio material que maneja.

Sería una simplificación injusta pensar que una administración desmotivada degenera irremediablemente en una erótica de la prohibición, del tampón y del 'vuelva usted mañana', aunque no negamos tampoco que haya quienes practican este vicio solitario. Pero es también torpe, porque esta explicación dejaría intactas las verdaderas razones por las que se produce el bloqueo administrativo. En el caso de la GMU se trata de la primera instancia que recibe a portagayola los expedientes, dando la cara frente al público, para expandirlos a multitud de 'casilleros' administrativos que reclaman ávidamente su competencia como los lechones la ubre materna: otros organismos municipales, delegaciones provinciales autonómicas, empresas suministradoras de servicios, órganos estatales, directivas europeas... (¡incluso Aviación Civil, que emite informes obligatorios sobre zonas por las que no pasan aviones!); y cada uno de ellos con sus tiempos de tramitación no reglados, al haber desaparecido el silencio administrativo positivo.

En definitiva, no es la GMU la que está bloqueada, sino todo el país, como consecuencia de una hipertrofia legislativa que es fiel reflejo de la desconexión que la política mantiene con la realidad, de su claudicación ante las exigencias corporativas, de una carrera de sacos por ver quién legisla más en el cada vez más grotesco cantonalismo estatal. La Administración es hoy procedimiento, protocolo, papeleo y tramitación, con muchas ventajas para ella y pocas para el administrado; y así es imposible que un país ande. Pues bien, si a pesar de todo seguimos permaneciendo en pie, los autobuses circulan, los semáforos se encienden y el agua corre por los grifos, es gracias a la poderosa inercia de una estructura funcionarial que, con todos sus defectos y superando la desmotivación, nos permite recordar a diario la película de José Luis Cuerda: 'Amanece, que no es poco'.

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