El alquiler vacacional

CARTA DEL DIRECTOR

Manuel Castillo
MANUEL CASTILLOMálaga

Los nuevos modelos de economía surgidos en la era digital están generando un intenso debate, a veces incluso violento, por la confrontación que suponen con los sistemas tradicionales. Muchos de ellos nacieron de lo que se viene a llamar economía colaborativa y otros, sencillamente, de la economía informal, aquella que se desarrolla en el limbo fiscal o, directamente, en la sumergida. Lo cierto es que es una realidad, instalada en nuestras vidas, que requiere de las administraciones públicas la capacidad para integrarlas sin criminalizarlas o excluirlas. Sobre todo porque la mayoría de ellas han proliferado desde la propia ciudadanía para hacer más fácil sus vidas o, simplemente, para hacerlas diferentes.

Y en Málaga, el caso más llamativo es el de los alquileres vacacionales, actualmente en plena expansión hasta el punto de plantearnos si estamos asistiendo a una burbuja y que tiene en armas al sector hotelero, que lo ve como competencia desleal. El 'lobby' hotelero está hiperactivo, con algunas razones y no siempre con buenas intenciones.

El alquiler vacacional ha traído cosas positivas. Ha permitido la regeneración de entornos degradados, como es el caso de la calle Carreterías; significa una oferta económicamente más asequible para viajeros y familias y más adaptada en muchos casos a sus necesidades, y facilita un flujo turístico interesante en todo tipo de destinos. Además, promueve la generación de negocio para pequeñas empresas y también de autoempleo.

En cuanto a los aspectos negativos, la mayoría están relacionados con el ruido y las incomodidades que ocasionan a los vecinos, sobre todo cuando la oferta se dirige al turista más juvenil, de muy bajo coste o de despedidas de solteros. También ofrece dudas sobre la masificación y la seguridad en cuanto al control policial de esos turistas.

En Andalucía el alquiler vacacional está regulado, con exigencias tanto para su control fiscal como para la calidad de la oferta. No obstante, el mayor control llega, precisamente, por parte de los propios usuarios en esas plataformas de intermediación. Por ello, quizá lo más sensato sea afinar esa regulación y control para que el alquiler vacacional pueda desarrollarse sin que se generen agravios comparativos en materia regulatoria con los hoteleros y que también tengan en cuenta los intereses de vecinos y comunidades de propietarios. Lo que no tiene sentido es demonizar esta economía con medidas, como las que se barajan en el Ayuntamiento de Málaga, que sólo tienen afán recaudatorio y se olvidan de trabajar por configurar una oferta de calidad, que tribute fiscalmente, que tenga garantizada la seguridad y que ayude al desarrollo turístico y económico de su entorno. Porque lo contrario es caer en las trampas de grupos de interés que no suelen preocuparse del interés general. Los legisladores y las administraciones están para eso, para detectar esas lagunas que precisan regulación y ordenarlas para conciliar todos los derechos, sin prejuicios que impidan adaptarse a los cambios, que en este caso llegan para quedarse.

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