Diario Sur

CARISMAS Y CARAMBAS

¿GALGOS O PODENCOS?

LA última sentencia del Tribunal Constitucional por la que queda anulada parcialmente la ley que regula el impuesto de plusvalía municipal, era de esperar. Esta sentencia confirma lo que algunos tribunales venían manteniendo sobre la inconstitucionalidad de este tributo, llamado técnicamente impuesto sobre el incremento del valor de los bienes de naturaleza urbana, cuando se aplica a casos en los que la venta de los inmuebles se realiza con pérdidas. La propia Constitución proclama como principio fundamental del sistema tributario el de capacidad económica que, lógicamente, no se manifiesta cuando alguien vende un inmueble perdiendo dinero y que, por desgracia, es muy frecuente hoy en día. No respetar este principio ha llevado al TC tomar dicha decisión.

Ahora toca cambiar este tributo que tiene como referencia los famosos valores catastrales de los inmuebles no olvidando que cualquier subida sobre los valores catastrales tiene efectos multiplicadores en muchos impuestos pero, sin duda alguna, de forma especial en el famoso IBI. Este hecho es muy significativo en nuestro municipio porque los ciudadanos de a pie además de haber tenido que sufrir el desastre urbanístico que venimos padeciendo desde hace decenas de años con todas sus consecuencias dentro de una zona turística y residencial, somos los que tenemos que sufrir pagar unos impuestos que no nos corresponderían en las cuantías que venimos padeciendo.

De lo que no cabe duda, es que somos los principales perjudicados de que técnicos, funcionarios, burócratas y políticos no hicieran correctamente su trabajo y, por consiguiente, el Tribunal Supremo anulara el PGOU de 2010. Por muchas vueltas que se le quiera dar, el resultado es un mal trabajo que no cumplía los requisitos legales y esto fue lo que dictaminó el TS que, en definitiva, es a quien corresponde decirlo. Pero lo inadmisible es que el Ayuntamiento y el Ministerio de Economía, responsable de la Gerencia del Catastro, corrieran raudos y veloces a revisar los valores catastrales incrementando su cuantía de forma considerable e incluyendo como urbanizables los nuevos suelos del PGOU del 2010.

Sin embargo, se van a cumplir dos años desde que el Tribunal Supremo anulase este Plan y en Marbella tenemos que seguir soportando unos valores que, con bastante probabilidad, son ilegales y con absoluta seguridad, ilegítimos debido a que el PGOU que los motivó ha quedado anulado por vía judicial y de forma definitiva. La sentencia de la Audiencia Nacional que se discute entre los grupos políticos, es verdad que no considera nulas las ponencias de valores catastrales aunque se declare nulo el PGOU, que sería el caso de Marbella. Pero acogerse a la pura formalidad de que al tratarse de un acto administrativo requiere su nulidad expresa, significa rizar el rizo e ignorar la absoluta ilegitimidad de la situación actual que raya en la injusticia más extrema.

Llegado a este punto, no sabemos si los que tienen en sus manos estas competencias y responsabilidades son galgos o podencos pero sus confrontaciones habituales lo único que hacen es demorar injustificadamente la solución a un problema que debería estar resuelto hace ya tiempo. Claro, así puede tener superávit nuestra casa consistorial.

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