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ANDALUCÍA EN EL DIECISIETE

CASO ERE: UN JUEZ APARTADO Y UN FUGITIVO CAZADO

Maria Dolores Tortosa

Domingo, 14 de mayo 2017, 10:28

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LA presidenta andaluza, Susana Díaz, no estuvo quizás muy acertada cuando tras años de silencio sobre el devenir judicial del caso ERE, como es lo políticamente correcto en su posición, estallara hace dos semanas: «Qué casualidad que cada vez que el PP está con el agua al cuello en un caso de corrupción, se saque los ERE, a Chaves y Griñán. Canta demasiado». Díaz se dejó llevar por la presión de las primarias socialistas. De otra forma no se entenderían sus declaraciones, ya que hubo bombazos de los ERE en otros momentos importantes de su carrera política sin que la presidenta rechistara. Fue en la toma de posesión de su primer gobierno en 2013 cuando se divulgó la preimputación de sus antecesores en un auto de la jueza Mercedes Alaya. La salida inusual de la presidenta tuvo una respuesta también insólita de la Audiencia de Sevilla, que le reprochó sus dudas sobre la imparcialidad del poder judicial.

Díaz explicó después que no se estaba refiriendo a la actuación judicial, que respeta, sino al uso de la misma por el PP, que pone el ventilador sobre los ERE o los cursos de formación cada vez que sale un asunto de corrupción que le afecta en Madrid o cerca a Rajoy. Esa tensión existe porque en Andalucía el PP es acusación en todos los procesos judiciales abiertos por supuesta corrupción contra gobiernos socialistas de la Junta y ha hecho de ellos su principal arma política para desgastar al partido en el poder, como el PSOE lo hace en la Comunidad de Madrid en el caso Lezo. La Junta de Andalucía también es acusación en los ERE, aunque resulte paradójico.

El absurdo y la confrontación política en torno al caso ERE no ha dejado de propiciar relatos asombrosos desde el primer auto de instrucción en enero de 2011. Da para escribir una voluminosa novela, con enredos de dinero, fugas, presiones políticas, carreras al garete y juegos de tronos. Recordemos la gran polémica que hubo entre Mercedes Alaya y su sucesora, María Núñez Bolaños, por quedarse ambas con la causa política del sumario. Cómo no tildar de paradójico que al final no fuera ninguna de las titulares del juzgado 6 quienes concluyeran la instrucción del caso judicial más importante de Andalucía en toda su historia autonómica, sino un sustituto. Esa fue la decisión de los poderes judiciales.

Esta semana pasada otros dos hechos corroboran esa característica novelesca del proceso de los ERE desde sus comienzos: el juez al que le había tocado por sorteo presidir el juicio a Chaves y Griñán es apartado y en Burkina Faso encuentran al único fugitivo de la macrocausa, el exbanquero Eduardo Pascual, después de dos años en búsqueda y captura.

Sobre el juez apartado, Pedro Izquierdo, el absurdo es evidente. La Audiencia de Sevilla decide adjudicar por sorteo el juicio a los expresidentes y otros 18 antiguos cargos socialistas para guardar las apariencias de pulcritud en el proceso y no se le vaya a señalar ninguna trampa por si los jueces de un tribunal son más cercanos a una u otra ideología. Todo perfecto. Solo que de antemano se sabe que el presidente de una sección, la número 1, ha sido cargo de la Junta de Andalucía durante cinco años, nombrado en consejos de gobierno por los presidentes procesados. Cabía la posibilidad de que la bola extraída tuviera otro número, pero salió el que preside Pedro Izquierdo.

Los argumentos del PP para recusarle y los del juez Ángel Márquez para estar de acuerdo son de sentido común. Por muy imparcial que sea el juez, la opinión pública no lo iba a entender así. Solo que quizás el propio poder judicial debió haber previsto esta situación antes de meter las bolas y de paso haberle evitado al magistrado Izquierdo el bochorno de verse apartado de un juicio tan goloso profesionalmente. Tiene razón cuando pide que se cambien las leyes para situaciones como la suya y no le pase a otros lo que a él. Aunque no a todos le ha pasado. La doble vara de medir: El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, fue militante del PP siendo incluso magistrado del alto tribunal.

Si lo de Izquierdo rechina, lo de la captura del huido Eduardo Pascual intriga. Su vuelta a España actualiza una pista que nunca se siguió en el caso ERE por su fuga, la de la supuesta financiación ilegal del PSOE con dinero de los ERE. Pascual estuvo en prisión preventiva 14 meses y salió por 6.000 euros de fianza en 2014.

Depués, en septiembre de ese año, pide declarar ante la jueza Mercedes Alaya y le dice que al menos 18 millones de euros del dinero de los ERE fueron a parar a empresarios amigos del PSOE para negocios en la República Dominicana. Luego se fugó con un pasaporte boliviano con un nombre diferente obtenido tras un matrimonio con una mujer oriunda de este país americano. Su abogado insinuó entonces que su desaparición podría no ser voluntaria y deberse a su declaración sobre el PSOE.

Los agentes que lo han detenido dicen que utilizó otros nombres y estaba a punto de casarse en Burkina Faso para seguir escapando de la Interpol con pasaporte vía matrimonial. Solo su fuga da para que Alberto Rodríguez haga un segundo Paesa. Más allá de la novela de su vida, el regreso de Pascual puede reabrir la posibilidad de que se indague si hubo financiación del PSOE en el caso ERE. Los abogados del PP siempre persiguieron esta vía de investigación, pero pincharon en hueso. Hasta ahora.

Y para quienes persiguen coincidencias, la captura del fugitivo Eduardo Pascual coincide con el mayor acorralamiento al PP en juzgados y comisiones de investigación por corrupción y financiación ilegal.

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