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Ley, no justicia

Alberto Gómez

Miércoles, 8 de febrero 2017, 08:27

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Julián Muñoz permanecerá en casa el resto de su condena, más de veinte años de prisión ahora reducidos a un mero encierro doméstico. El juez ha aceptado la petición de su abogado, que solicitaba que el exalcalde de Marbella no tuviera que acudir al Centro de Inserción Social donde cumplía el tercer grado. Descartadas otras posibilidades, la principal línea de defensa de Muñoz se ha basado en su estado de salud, casi tan lánguido como las arcas del Ayuntamiento que gobernó entre sospechosas bolsas de basura y contratos firmados sobre el capó de un coche de alta gama. El sucesor de Jesús Gil sufre una pluripatología crónica de carácter cardiovascular metabólico y respiratorio, una situación que probablemente se haya agravado por buscar en Internet tal colección de enfermedades. Nadie se resiste a consultar al doctor Google, aunque su diagnóstico siempre sea más alarmante de lo necesario. Muñoz se arrastra ahora por los juzgados como alma en pena, con la cadencia de una de esas canciones tristes del repertorio de Isabel Pantoja, excompañera de blanqueo de dientes y capitales. Tampoco hay que fiarse del pronóstico de su abogado. Si sus cálculos se hubieran cumplido, Julián habría muerto en el verano de 2015. Ya hay que ser agorero. Por suerte, los fotógrafos acreditaron durante uno de sus últimos permisos penitenciarios que el exalcalde marbellí aún tiene fuerzas para fumar y pasear por la orilla del mar junto a una amiga, una recuperación casi tan milagrosa como sus recordados pelotazos urbanísticos.

Los tribunales patinan tantas veces que la percepción general es que el sistema judicial, más que justo, es lento y desatinado. A veces hasta se permiten terribles extravagancias como aminorar la condena a un asesino que asestó treinta puñaladas a su expareja, como ocurrió en Torremolinos hace tres años. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera ahora que no hubo «ensañamiento» y alega que hay diferencias entre la acepción jurídica de este término y su uso popular, un desajuste léxico que la Sala cree que merece una reducción de ocho años de cárcel. Hay sentencias que tienen delito y jueces que serían más eficaces como filólogos. O como médicos. Lo explica mucho mejor Carmen, una jubilada a punto de ser desahuciada por una orden paralizada en el último minuto por el Ayuntamiento de Antequera, después de que Antonio J. Guerrero publicase su historia en este periódico: «La ley está deshumanizada. Es ley, no justicia».

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