Diario Sur

MIRANDO AL MAR

LA LEGISLACIÓN VIGENTE

IMAGINEMOS a un propietario de un pequeño terreno, una de esas herencias recibidas de la familia por las que, seguramente, tuvo que pagar un impuesto elevado en Andalucía, donde se tributa por este concepto más que en toda España. Después de numerosos trámites administrativos, incluyendo las minutas de los notarios por la tramitación de los documentos, iniciar una gestión para conseguir sacarle rendimiento a lo que tanto trabajo le costó conseguir a los progenitores puede ser una operación interminable de papeleo y de gestiones en los centros oficiales. La burocracia, en este país, no tiene mala fama por cualquier cosa, sino porque cada día nos ofrece ejemplos claros de como no se tienen que retrasar aquellos proyectos que para algunas personas pueden constituir la solución de sus vidas, o al menos no complicársela.

Vivimos en un mundo de certificados y comprobaciones legales que, curiosamente, siempre afecta a los menos pudientes, porque parece que existe una vía de alta velocidad para otros más poderosos en su economía. Mariano José de Larra hubiera reescrito hoy su 'Vuelva usted mañana' si se acercara a cualquier ventanilla pidiendo explicaciones.

Pero si la vía administrativa provoca dolores de cabeza al ciudadano medio que acude a las mesas oficiales, la vía judicial puede ser un peor remedio todavía. No se trata de discutir desde el desconocimiento jurídico las decisiones que adoptan los tribunales sobre determinadas cuestiones, pero sí se pueden plantear dudas sobre sí algunas sentencias contribuyen a hacer justicia de verdad, sobre si diez o doce años después se pueden dictar sentencias que, no solo no arreglan nada, sino que aportan numerosas complicaciones a lo ya establecido y, en muchos casos, arreglado.

Tenemos un ejemplo reciente, como es la noticia ofrecida ayer por este periódico sobre la anulación que ha hecho el Tribunal Constitucional del artículo de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, más conocida como la LOUA, que otorgaba a la Junta de Andalucía el poder de retirar a los ayuntamientos las competencias de planeamiento urbanístico. Es decir, que el trabajo que desarrollo la gestora hace casi diez años, con todas las modificaciones que se hicieron buscando el restablecimiento de la legalidad, puede quedar en aguas de borraja (hay diferencia de criterios entre los juristas), pero con la consecuencia de tener que realizar más rectificaciones que, seguramente, volverán a chocar con otras normativas ahora vigentes y que es muy posible que provoque una nueva vuelta a los tribunales por una colisión de intereses.

Cuando las decisiones judiciales se producen con muchos años de retraso es lógico que los ciudadanos se planteen si tienen razón de ser los dictámenes de los tribunales. Algunos delitos prescriben a los pocos años y son archivados, pero otros parecen eternizarse y, cuando llegan a su resolución, incluso provocan más problemas de los que ya existían. Y seguimos pendientes de resoluciones judiciales en muchas cuestiones de los que muchos ni se acuerdan, porque van entrando nuevas generaciones a las que algunos asuntos les suena a chino o forman parte de un pasado lejano.

En todo caso, también es para reflexionar si hay que acudir a los juzgados para cualquier cosa. No deja de ser llamativo que una vecina haya mantenido un largo pleito para evitar que se le sancione en Benahavís con una multa de quinientos euros por circular con una silla de ruedas motorizada por una calle que estaba señalizada en dirección prohibida para los vehículos. Ha tenido que ser un tribunal quien le haya dado la razón al establecer que tiene consideración de peatón. ¿Y esto no estaba legislado?

Pues nada, todos a los tribunales. Y claro, a esperar, y no todo el mundo tiene ni tiempo ni medios.