Diario Sur

A CADA UNO LO SUYO

Por arte de birlibirloque

Lo de las puertas giratorias genera alarma social y afecta a la dignidad y buena reputación que deben ofrecer siempre los gestores públicos (como ministros, secretarios de Estado, directores generales, órganos similares en las CCAA y concejales con funciones de gobierno) cuando cesan en sus responsabilidades. Mientras están en el ejercicio del cargo están sometidos a un severo régimen de incompatibilidades (como lo están los empleados públicos) bajo la lupa de la correspondiente oposición, prensa y los órganos de fiscalización (interventores, secretarios, Tribunal de Cuentas.). Donde viene el problema es a la hora del cese y la tentación que pueden tener algunos, espero que pocos, de aprovechar las inevitables relaciones con los afectados por sus decisiones directas o en las que puedan haber participado. Huele mal que el ministro de turno, tras las pérdida de tal condición, aparezca curiosamente apalancado en puestos de asesores, directivos o directamente como consejeros 'independientes' en las empresas sobre las que han ejercido directamente labores propias de su cargo. Las normas vigentes (Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y similares para las CCAA o el art 75.8 de la Ley 7/1985 para la Administración Local) establecen que los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado salvo cuando se trate de reincorporación a su antigua empresa (siempre que se puestos de trabajo que no estén directamente relacionados con las competencias del cargo público ocupado ni puedan adoptar decisiones que afecten a éste). Solo en algunos casos la normativa reconoce una compensación económica mensual en ese periodo.

Supongo que por decoro o por miedo, la mayor parte de los afectados cumplirán con estos límites legales. Sin embargo lo que cabrea, y con razón, es el más que considerable número de antiguos altos cargos que, por arte de birlibirloque o por la divina providencia, se convierten en 'expertos' en el mercado de la energía o el ramo al que se dedique la empresa de turno, y pasados los dos años preceptivos (contados día a día, como en la antigua mili), aceptan las 'espontáneas' ofertas de aquellos con los que antes se relacionaba con mando en plaza. No procede enumerar el largo listado y basta con recordar a los de más alta magistratura, los antiguos presidentes González Aznar.

Vaya por delante que cada empresa con su dinero puede hacer lo que quiera dentro de la ley vigente, pero me parece necesaria una reforma legal para evitar que, por ejemplo, bajo el paraguas de consejeros independientes (se supone que aquellos designados por sus valiosas condiciones personales y profesionales que garantizan su independencia frente a los ejecutivos) se paguen favores pasados o futuros, elevando el grado de cualificación exigido para disipar cualquier sospecha, que debemos recordar, mancha la imagen de lo publico pero también la de la empresa afectada.