Diario Sur

VOLTAJE

Justicia divina

Se habla mucho de las listas de espera en la sanidad pública, pero quizás habría que hablar más de la lentitud que arrastra la justicia en Andalucía. Ambas resultan dolorosas aunque se enfrenten a diferentes tipos de operaciones. Parece que los tribunales no tiene capacidad suficiente para hacer frente a los numerosos macrojuicios que tienen pendientes de resolver, aunque los responsables de dotar de medios a los juzgados lo nieguen. Y así seguimos. Uno de los casos más flagrantes de esta parsimonia reside en el caso Astapa, un ejemplo paradigmático de la injusta lentitud de la justicia. Hace unos días supimos que el exalcalde de Estepona y otros siete investigados por la causa tendrán la oportunidad de declarar ante el juez en el mes de diciembre. Pero esto no quiere decir que el juicio se vaya a producir pronto. Sólo es la recta final de la fase de investigación.

Pase lo que pase con el caso Astapa y sea cual sea su veredicto, hay que reconocer que la situación procesal de Antonio Barrientos es capaz de producir cierto sentimiento de compasión. Casi una década después de su detención por supuestos delitos de corrupción urbanística, Barrientos sólo ha podido declarar ante el juez durante quince minutos. Durante todo este tiempo, en el que por cierto se ha producido una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece unos plazos máximos de seis meses para que los fiscales concluyan sus investigaciones, Barrientos ha tenido que vivir en un exilio forzado y ha sido tratado públicamente como un criminal. Es estremecedor releer ahora las cosas que en su momento se dijeron de él, siempre basadas en conjeturas, con ausencia de juicio y sin posibilidad de defensa. En la práctica, estos ocho años de espera ya han supuesto una condena no sólo para él, sino también para más de un centenar de investigados, puestos bajo sospecha a la luz de los focos.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha lamentado en varios informes esta situación. Las quejas pronunciadas por el consejero de Justicia le valieron una queja formal del juez de instrucción. Según parece, uno de los motivos por los que la causa vaya tan endemoniadamente lenta se debe a que los documentos no se han digitalizado. Dicen que el caso acumula la friolera de 444 tomos de documentos, con decenas de miles de folios impresos que están metidos en cajas en el juzgado, por el que ya han pasado cinco jueces instructores y funcionarios dedicados a tiempo completo a su escaneo. Sea como sea, la falta de medios en los juzgados es acuciante. Al lado de esto, el caso Malaya ha sido un divino fogonazo. Quizás la solución para agilizar todos estos procesos sea incluir en los macrojuicios de la Costa a una tonadillera, a ver si así a los jueces y a los fiscales se les enamora el alma.