Diario Sur

LA ROTONDA

Víctimas salvadoras

También era noviembre, y el año que viene se cumplirán 20 años. Ana Orantes murió brutalmente, quemada viva por su exmarido en el patio de la casa de Cúllar Vega que estaban obligados a compartir por sentencia judicial. Días antes, ella había denunciado públicamente, en un programa de Canal Sur, los malos tratos y las agresiones sexuales que había sufrido durante años. Aquella salvajada fue el inicio de la verdadera toma de conciencia de la Administración, de las fuerzas de seguridad y de los jueces acerca de la violencia de género. Afloraron miles de casos, se hicieron leyes de protección, se crearon juzgados específicos y se implantaron medidas de protección y ayudas. Fue necesario, como siempre pasa en España, que ocurriera una barbaridad de impacto internacional para que la sociedad y la Administración tomaran conciencia de que tenemos -por desgracia, seguimos teniendo- un problema grave de machismo. La muerte de Ana Orantes ha servido en estas casi dos décadas para que muchas otras mujeres hayan salvado la vida.

En septiembre de 2004, Jokin, de 14 años, cogió su bicicleta y se dirigió a la muralla de Fuenterrabía (Guipúzcoa), subió a lo alto y se arrojó al vacío. Poco después, su familia denunció a través de una carta que el muchacho decidió aquel día: «La paz eterna era mejor que el infierno cotidiano», cito textualmente. No podía seguir soportando las continuas palizas, insultos y vejaciones que recibía por parte de un grupo de compañeros de su instituto, en medio del silencio cómplice de quienes lo sabían y la ignorancia del resto. Nuevamente, aquella atrocidad sirvió para que tomásemos conciencia de la lacra del acoso escolar y de la necesidad de combatirla. Al menos ahora, cuando un chaval dice que está siendo maltratado se lo toman en serio.

Desde ayer se juzga en Málaga el que está considerado el peor caso de maltrato animal de la historia, presuntamente ocurrido en Torremolinos entre los años 2008 y 2010. La antigua presidenta de la protectora de animales se enfrenta a una petición de cuatro años de prisión por practicar lo que la Fiscalía califica como «sesiones de exterminio» masivo. Además, según el Seprona, les inyectaban menor cantidad de producto eutanásico del necesario, para ahorrar, lo que les producía una larga, lenta y dolorosa agonía hasta su muerte. Si finalmente es condenada, sólo espero que el castigo sea ejemplar y que esos más de 2.100 perros sacrificados sirvan también como víctimas salvadoras. Que hagan de una vez abrir los ojos de esta sociedad tan tristemente permisiva con la violencia contra los animales y se acabe con la impunidad de tantos salvajes. Se lo debemos.