Diario Sur

Animales

El escrito de la Fiscalía de Málaga en el caso de la protectora de animales de Torremolinos parece el guión de una película de terror de serie B. La acusación relata que, a primera hora de la mañana, la presidenta del parque y su ayudante desconectaban las cámaras de vigilancia y ponían la música a todo volumen para que no se escucharan los alaridos de los perros, cuyo dolor se prolongaba durante horas. Era el estremecedor prólogo de las sesiones de exterminio denunciadas por el Servicio de Protección a la Naturaleza, jornadas en las que se sacrificaban de forma «masiva e injustificada» decenas de animales mediante la inyección de productos eutanásicos en bajas dosis para abaratar costes, por vía intramuscular en vez de intravenosa y sin sedación ni control veterinario. La Guardia Civil calcula que más de 2.100 mascotas fueron masacradas bajo este método entre 2008 y 2010. El fiscal pide ahora cuatro años de prisión para Carmen Marín, presunta autora de los sacrificios pese a carecer de titulación veterinaria.

El primer problema de este caso es nominal. Más que como una protectora, el Parque de Torremolinos merece pasar a la historia como una 'desprotectora' de animales. Teniendo en cuenta que los responsables de los sacrificios han demostrado ser más salvajes que sus víctimas, tampoco está claro quiénes deben ser considerados los animales de esta historia, si los perros y gatos o sus exterminadores. El segundo problema aquí es de tipo penal. De los cuatro años de cárcel solicitados por la acusación pública, sólo uno corresponde al supuesto delito de maltrato animal. Es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra legislación. En los últimos años, como consecuencia de una mayor sensibilización social hacia el respeto a los animales, la ley ha ampliado el número de especies protegidas y ha recuperado el ensañamiento como agravante, pero el camino por recorrer hasta establecer un marco legal similar al de otros países de nuestro entorno aún es largo. Así lo escribía ayer en este periódico Rosario Monter, abogada especializada en derecho animal.

Resulta urgente que algunas prácticas que hasta ahora han gozado de cierta impunidad social e incluso penal, como las aberrantes grabaciones de animales torturados difundidas por YouTube, las peleas de gallos, la introducción de clavos y alfileres en trozos de carne o el uso de azufre para repeler perros, sean consideradas delitos sin paliativos. De lo contrario, acabaremos persiguiendo con más saña un meme en Twitter que el maltrato animal. Y eso sí que sería de salvajes.