Diario Sur

LA LUPA

Debatir sobre matemáticas

Hay infinidad de asuntos que pueden ser sometidas a la lógica del debate político. Incluso lo que se conoce como sentido común no es otra cosa que una forma de interpretar el mundo a la luz de una determinada manera de entenderlo. La lógica de una persona no tiene por qué coincidir con la de otra. Pero hay cuestiones que no son susceptibles de debate, como las matemáticas. Cuatro es cuatro para todo el mundo y ocho, también.

Esta semana se ha suscitado cierta controversia por la situación que atraviesa el urbanismo en la ciudad, reflejada en una información publicada el pasado miércoles en este periódico sobre la demora en la concesión de licencias y la preocupación de empresarios y profesionales sobre la repercusión que esa tardanza está teniendo sobre sus negocios y sobre la economía de la ciudad. Se puede discutir acerca del origen de esta situación, incluso sobre si hay o no hay responsables. Se puede debatir acerca de si la palabra que mejor explica la situación es parálisis, ralentización o demora. Se puede, y se debería, confrontar diferentes propuestas sobre las posibles soluciones. Lo que es más discutible es si merece la pena negar que las demoras en la obtención de una licencia superan holgadamente el margen de lo razonable.

Días atrás, una asociación que agrupa a profesionales y empresarios dedicados al sector de las viviendas de alta gama (DOM3) mantuvo una reunión con la concejala de Urbanismo para expresar su inquietud por esta situación, pero en honor a la verdad no es la única voz que se escucha con esta preocupación. Hay quienes lo hacen con mayor discreción, porque en esta ciudad sigue habiendo miedo a expresar según que opiniones que puedan incomodar al poder político (cualquiera sea éste) o al funcionario que puede decidir cuál expediente se atiende con presteza y cuál queda algún tiempo en el cajón, o incluso porque considera que este tipo de críticas perjudican la imagen de la ciudad y espantan inversiones. Pero cualquiera que pregunte a promotores, a abogados o a arquitectos qué tal funciona Urbanismo le dirá más o menos lo mismo: la lentitud es exasperante y en más de una ocasión acaba aburriendo al inversor.

Desde que un ciudadano presenta en la Delegación de Urbanismo la documentación para conseguir una licencia de obra nueva o una licencia de reforma de cierto volumen transcurre un tiempo más que prudencial antes de que el expediente se le asigne a un funcionario. Según la edil de Urbanismo, actualmente se están asignando la documentación ingresada por registro de entrada en junio, es decir que la demora sería de algo más de cuatro meses. Según DOM3, esa demora es de ocho meses. No se trata de entrar en un debate de cuál de los dos es el dato más preciso. Cuatro meses sin que un ciudadano sepa a dónde llamar para saber cómo van sus papeles son más que suficientes. Un año y medio esperando una licencia también es demasiado se mire como se mire.

Se puede debatir si dar a conocer esta situación es mala o peor para la imagen de la ciudad, si reconocer que se ha celebrado una determinada reunión favorece a tal o cual partido político, si los miembros de una asociación tienen una afinidad o la otra, si situar este problema en el debate político favorece a tal o cual partido o si las asociaciones que se arrogan mayor representatividad deberían levantar la voz sobre este asunto o callarse, como hacen, en aras de la buena imagen de la ciudad. Son todos ellos, con toda seguridad, debates más que interesantes. También se puede, como hizo el Partido Popular esta semana, ofrecer una rueda de prensa en la que se dan datos equivocados, a la baja por supuesto, sobre el número de viviendas visadas en los tres primeros trimestres. Otra vez las matemáticas como cuestión opinable.

Pero mucho más útil para la ciudad, para su economía y para los derechos de sus vecinos es intentar entender por qué suceden las cosas e intentar solucionarlas.

Y para entender lo que sucede lo primero que se debe reconocer es que esto viene de largo. Que su origen no está en la anulación del PGOU de 2010 ni tampoco es un problema que haya nacido con la llegada del tripartito. El problema viene de lejos y es en gran medida parte de la herencia que esta ciudad aún sufre de los años del GIL. Ya se dijo muchas veces y no sobra decirlo una vez más: Marbella no hizo ni balance, ni autocrítica, ni catarsis de lo que experimentó durante 15 años. Pasó por alto el trauma mientras se rendían cuentas en los juzgados. Los partidos, en lugar de reflexionar sobre lo que deberían tener en común, pasaron página rápidamente para acomodarse en el escenario de la confrontación en el que tan cómodos parecen sentirse. Y los problemas siguieron ahí.

Es evidente que la anulación del Plan General de 2010 supuso un contratiempo de dimensión sideral, que obligó a dedicar recursos a solucionar un problema inesperado y que informar sobre el PGOU de 1986 es más complejo que hacerlo sobre el de 2010. Pero también es cierto que el problema viene de más atrás y está más relacionado con la estructura de Urbanismo y la experiencia reciente de sus funcionarios.

Basta con preguntar con expertos que se mueven en ese sector para tener algunas certezas. La primera es que la demora que se experimenta en Marbella no tiene parangón posible en ningún municipio del entorno. La segunda es que prácticamente no hay funcionario de Urbanismo que no haya sido llamado a declarar, en la mayor parte de los casos como testigo, en alguna de las cientos de causas urbanísticas que se han seguido y se siguen en los juzgados de Marbella y que tienen su origen en aquella época en la que las licencias salían con tanta agilidad como ligereza. Ahora -aseguran los damnificados- se mira todo con lupa, se piden más papeles de los necesarios y los expedientes se ralentizan hasta la exasperación. A nadie le gusta ir ante el juez por una firma mal puesta.

Ante esta situación, el gobierno municipal, que tuvo que dar marcha atrás en una reestructuración que no pudo sacar adelante, está atado de pies manos por una norma que le impide contratar más personal e incluso fijar en su plantilla a trabajadores eventuales que, ya aprendidos, se tienen que marchar a su casa.

Está claro que se trata de un asunto complejo. Pero también que no se resolverá si se cede a la tentación de actuar como si el problema no existiera.