Diario Sur

A CADA UNO LO SUYO

Vaya jeta con el ceta

Este domingo promete ser animado en la calle Ferraz, donde supongo que habrá un «lluvia de ideas» para poner en bonito ese cambio de 180 grados en la posición oficial de la dirección federal del PSOE. Más de uno habrá tomado lecciones de interpretación para ensayar, con dosis de credibilidad, la transformación contundente del «no es no» a la «abstención por responsabilidad». Pero de eso se hablará mucho, y sin embargo muy poquito se está discutiendo en España del TTIP (una columna le dedicó un servidor en este diario) y casi nada de su primo hermano, el Comprehensive Economic and Trade Agreement (el acrónimo en inglés es CETA). Ambos textos jurídicos son Tratados de la Unión Europea en materia comercial, el primero con EE UU y el segundo con su vecino del norte, Canadá. Mientras que el TTIP anda aún en trámites con un secretismo impropio de estos tiempos de transparencia, parece que con el CETA ha pisado el acelerador el gobierno del PP, el mismo que nos presenta un panorama desolador; somos, según ellos, el hazmerreír del mundo económico con tantas elecciones (menos picajosos se ponían algunos de la oligarquía financiera cuando no había eran elecciones con el 'Caudillo') y están atados los pobres, no pueden legislar ni decidir casi nada. Y miren por donde, el Consejo de Ministros ha autorizado el pasado 14 de octubre la firma de los Acuerdos del CETA.

En términos jurídicos, ¿puede un Gobierno en funciones autorizar la firma de un acuerdo de esta envergadura? Si uno lee la Ley del Gobierno (art. 21) la respuesta es que no. El art. 94 de la Constitución exige la autorización de las Cortes Generales para la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios cuando éstos tengan carácter políticos, impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública o supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. Cuando de la cuenta de resultados de los inversores poderosos se trata, el PP espabila y le da una larga cambiada a las Cortes, ninguneando a los representantes del Pueblo y autorizando un tratado (art. 8 del CETA), que deja a un lado, en caso de controversias legales planteadas por los inversores privados, a nuestros tribunales para dar patente de corso a un órgano colegiado llamado 'Tribunal', (lo del arbitraje de inversiones ya chirriaba demasiado), formado por 15 miembros (5 europeos, 5 canadienses y 5 de terceros Estados), formados en Derecho internacional y arbitrajes internacionales, con lo que ya se huele que el derecho nacional no será el foco de atención, a lo que hay unir una presunción de que es el Estado el que incumple frente al inversor internacional. ¡Vaya jeta con el CETA!