Diario Sur

LA LUPA

TODO DENTRO DE (SU) LÓGICA

Marbella aspiraba a obtener 15 millones de euros de los fondos europeos EDUSI, destinados a desarrollar diferentes actuaciones de su plan estratégico, y ha quedado fuera de una selección que sí ha beneficiado a Málaga capital, a la Diputación y a la vecina Estepona, entre otros municipios españoles. Se suponía que la ciudad contaba con grandes opciones de conseguir esos fondos, ya que una de las condiciones que se requerían era precisamente contar con un plan estratégico, un documento aprobado en Marbella mucho antes de la convocatoria de estas ayudas.

La selección, sin que se explicara en qué se fundamenta, fue tomada por el Gobierno central, en concreto por el Ministerio de Hacienda. De la propuesta presentados por Marbella sólo se sabe que no alcanzó la puntuación mínima exigida, una explicación tan lacónica como genérica, que se aplicó a todos los proyectos rechazados y que cuya falta de mayores precisiones no ayuda a ahuyentar las sospechas de arbitrariedad.

Si alguien pensaba que el jarro de agua fría que ha supuesto quedarse fuera de la posibilidad de acceder a estos recursos iba a servir para despertar a los partidos del letargo de enfrentamiento permanente en el que tienen sumido al Ayuntamiento y que iba a producirse un conjuro para acudir a Madrid con una sola voz a pedir explicaciones o a garantizarse una mejor posición de salida para la próxima convocatoria ha recibido un baño de realidad. La reacción del grupo municipal del PP ante una decisión tomada en Madrid por el gobierno en funciones de su partido fue exigir dimisiones. en Marbella. Los partidos parecen metidos en una dinámica de piñón fijo, con sólo dos respuestas ante todas las situaciones: la exigencia de dimisiones o las demandas en los juzgados. Cualquiera sea el estímulo, la respuesta siempre sale del mismo abanico, limitado y triste, de opciones. No puede decirse que esto sea un dechado de creatividad política.

En esa dinámica de desconfianza mutua, cálculo de corto plazo y mala fe debe inscribirse el proceso que ha acabado con el cierre del aula de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) de Marbella. Desde el año pasado las autoridades de esta institución en Málaga y el Ayuntamiento de Marbella vienen protagonizando desencuentros, y estos son de tal calibre que para comprender la situación no debe dejarse de tener en cuenta una circunstancia que debería ser secundaria en una institución educativa pero que lamentablemente parece, a la vista de los acontecimientos, esencial: el máximo responsable de la UNED en Málaga, en este caso su directora, es designada por la Diputación Provincial, entidad gobernada por el Partido Popular. Recordado este detalle se puede comenzar a analizar la situación, en la que la desconfianza, los reproches mutuos y la falta de lealtad han jugado un papel esencial.

Todo parte de la aprobación, en 2012, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que acotó drásticamente los apartados a los que los ayuntamientos podían destinar fondos y cortó actividades que hasta ese momento se venían desarrollando con recursos municipales. Entre esas actividades vedadas figuraban las de educación, donde los ayuntamientos no tienen competencias.

La UNED tenía en la provincia tres aulas financiadas de esa manera, la de Mijas, la de Ronda y la de Marbella. Las dos primeras cerraron sin mayor conflicto, pero Marbella comenzó a buscar vericuetos legales para mantenerla. No puede decirse que la UNED haya tenido desde entonces una posición de flexibilidad, de comprensión o mucho menos de complicidad para que el aula siguiera a pesar de una nueva situación que no hacía sencilla la continuidad. Más bien, su único interés pareció centrarse en que quedara claro que si había un cierre el responsable sería el Ayuntamiento. Tampoco en este caso, como en ningún otro, hubo nadie que se resistiera a la tentación de situar el problema fuera de la lógica de enfrentamiento PSOE-PP.

Por ello no llama la atención que la UNED haya enviado cartas a los alumnos en las que deposita toda la responsabilidad en el Ayuntamiento, que el PP se abstuviera cuando el pleno votó saltarse el reparo del interventor municipal que impedía saldar con la UNED la deuda pendiente por los servicios prestados el curso anterior o que el certificado del gobierno central que el Ayuntamiento de Marbella necesitaba para firmar un nuevo convenio que permita la continuidad haya llegado con el curso iniciado, posiblemente ya demasiado tarde. ¿Quién necesita mantener abierto un servicio educativo público cuando su cierre puede ser exhibido como muestra de lo ineptos que son los adversarios?