Diario Sur

LA TRIBUNA

Refugiados sin refugio

Con el mismo eslogan, que presidió el trabajo de las organizaciones de acogida, durante primer semestre del año, empezamos el nuevo curso, donde, por desgracia, no han aminorado las noticias negativas en relación a las personas migrantes y refugiadas: hay proyectos de construcción de nuevas vallas en Europa, continúan los asentamientos de refugiados en Grecia, aumenta el número de menores no acompañados en el mundo y se contrata a Frontex con tres millones de euros para trasladar a los refugiados de las islas griegas a los puertos turcos.

En nuestro país las cosas tampoco han ido como se esperaba. De las 16.000 personas a las que se ha comprometido el gobierno no han llegado a 400, en un goteo intermitente. Y durante el verano se han visto con más nitidez los dos problemas que afectan al esfuerzo de las entidades que trabajan directamente en la acogida, como son CEAR, Cruz Roja y ACCEM, como son las incoherencias y erráticas políticas europeas de inmigración y las reticencias a los programas que ofrece España, prefiriendo irse a otros países, sobre todo a Alemania.

No se ve luz al final del túnel en una solución humanitaria a las personas refugiadas, a pesar de los buenos deseos de la reunión de alto nivel, estos días, de jefes de Estado y de Gobierno sobre refugiados y migrantes en la sede de la ONU. Así, mientras el Reino Unido, en un plan de 'seguridad' pactado con Francia, pretende alejar a los inmigrantes de Calais con la construcción de un muro de un kilómetro de largo, presupuestado en 21 millones de euros, que estará terminado antes de que acabe el 2016, otros trazos oscuros dibujan el cuadro sobre la situación de los refugiados al comienzo del curso.

La primera pincelada es que sigue en pie el acuerdo alcanzado el pasado 20 de marzo entre la Unión Europea y Turquía, conocido como 'Acuerdo de la vergüenza', que supone la devolución a Turquía de todos los inmigrantes irregulares y refugiados que lleguen a las islas del Egeo a partir de esa fecha. A cambio se estudia, con cierto mimo, la adhesión de Turquía a la UE y se negocia que los ciudadanos turcos pueden acceder sin visado al territorio Schengen, aunque por el momento este aspecto está paralizado y Turquía exige su cumplimiento. El pacto se selló bajo la excusa de que se podía considerar al país euroasiático como un lugar seguro y, por tanto, capaz de albergar allí a los refugiados que huyen de la guerra y tratan de acceder a Europa. El golpe de Estado de principios de julio, los recientes atentados que han sacudido al país, así como la sombra de la restauración de la pena de muerte en Turquía demuestran que está lejos de los estándares de 'país seguro', que recoge la Convención de Ginebra. Otra pincelada es que, a pesar de un premeditado silencio, el flujo de llegadas no se ha detenido. Aunque es considerablemente menor, las llegadas por la ruta Turquía-Lesbos no han dejado de producirse. Antes del 20 de marzo, cada día llegaban a la costa griega una media de 1.740 migrantes. Tras el pacto, la media estaba en 47, aunque en las últimas semanas la cifra ha aumentado a 100 y se prevé que los acontecimientos en Turquía puedan reactivar esta ruta. La consecuencia del acuerdo no es el cerrojo al tránsito en el mar, sino la reactivación de vías más peligrosas, como la que va de Libia a Lampedusa. En lo que va de año, más de 160.000 personas han accedido a Europa y cerca de 4.000 han perdido la vida en el mar. Entre ellos centenares de niños.

Objetivamente, la situación de los campos de refugiados, que abarrotan el país, es menos dramática de lo que cabría imaginar. Aunque sobreviven en naves industriales, descampados o hacinados en tiendas de campaña, se les garantizan tres comidas al día, ropa, agua, luz y una sensación de cierta seguridad. Estas medidas podrían aceptarse como temporales, pero las autoridades hablan de que es posible que los procedimientos de solicitud de asilo se demoren hasta dos años. En la actualidad, se calcula que entre 40.000 y 70.000 personas están atrapadas en Grecia. Las 10.000 personas que se encontraban en el campo de Idomeni, en la frontera con Macedonia, fueron realojadas a partir del 24 de mayo en los alrededores de Tesalónica, al norte del país.

La limosna que recibe Grecia de la UE para gestionar los más de sesenta campos (unos seis millones de euros) es absolutamente insuficiente. De ahí que el pueblo griego, con sus medios y su solidaridad, cubren los fallos de un sistema desbordado: campos gestionados por vecinos de los pueblos cercanos, familias griegas que han acogido a familias completas de refugiados en sus casas, cientos de ciudadanos anónimos que de su bolsillo han pagado equipos de rescate a decenas de voluntarios. Importante, también, es la labor de voluntarios y organizaciones humanitarias en Grecia en los campos y especialmente los que custodian las costas griegas para reducir todo lo posible las muertes en el mar, como todo el equipo de Proem-aid. Bomberos, socorristas y personal sanitario que, desde hace un año, pasan cada noche en las playas y que han auxiliado a más de 50.000 personas de las aguas del Egeo.

No se puede descartar una última pincelada y es que casi 50 millones de niños de todo el mundo, por hacer un cálculo prudente, han atravesado fronteras o han tenido que desplazarse a la fuerza. Más de la mitad de esas niñas y niños, 28 millones en total, han escapado de la violencia y la inseguridad. En estas cifras se esconde un montante considerable de menores no acompañados.

¿Qué podemos decir ante esta situación? Son muchas las organizaciones sociales que reclaman un pasaje seguro. En el caso concreto de los migrantes desde Turquía hasta Grecia, permitir subir a un 'ferry' pagando los 42 euros que abonaría cualquier viajero por recorrer los 16 kilómetros, que separan ambas orillas. Evitar así los 4.000 que les pueden cobrar las mafias, quienes montan a 50 personas en una embarcación de juguete, cobrando aparte un chaleco relleno de polietileno expandido.

Además de un pasaje seguro es necesario cumplir con los compromisos adquiridos para reubicar y reasentar a 120.000 personas refugiadas. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha señalado la pasividad de las autoridades europeas para llevar a cabo este proceso. Las más de 3.105 reubicaciones y poco más de 7.200 reasentamientos realizados, hasta el momento, están muy lejos de los compromisos alcanzados en julio del año pasado, y ampliados en septiembre. «Es doloroso, que sólo en 2016 hayan muerto cerca de 3.000 personas en el Mediterráneo, una cifra cercana a la que la UE ha conseguido reubicar desde el pasado septiembre», declaró Estrella Galán, secretaria general de la entidad. Según CEAR, de seguir con este ritmo, la UE tardaría 43 años en cumplimentar con las 160.000 reubicaciones a las que se comprometió realizar en dos años.