Diario Sur

Cuanto antes mejor

Cuanto antes mejor

  • La respuesta genérica que Ángeles Muñoz dio tras conocerse el decreto del fiscal es insuficiente, se necesitan explicaciones

QUE el fiscal jefe del área de Marbella haya concluido tras once meses de investigación que hay elementos que apuntan a que en la tramitación del PGOU de 2010 se pudo cometer un delito de falsedad es un hecho suficientemente grave como exigir que se den todas las explicaciones necesarias. Que los señalados por el Ministerio Público sean nada menos que la persona que ostentaba la Alcaldía y el vicesecretario municipal, un habilitado nacional cuya función es precisamente garantizar la legalidad de los actos, no hace más que añadir gravedad a la situación.

Ya no se trata de la denuncia de una plataforma ni de un partido rival, sino de las conclusiones a las que ha llegado el fiscal tras tomarse el tiempo necesario para investigar toda la documentación existente.

Tras la presentación de una denuncia de la plataforma ciudadana contra los deslindes y después de 11 meses de investigación, el representante del Ministerio Público ha llegado a la conclusión de que existen indicios de verosimilitud en una denuncia que apunta a que el documento que se votó como Plan General de Ordenación Urbana de 2010 en el pleno del 29 de julio de 2009 no es el mismo que los miembros de los partidos aprobaron en la comisión de Urbanismo dos días antes, y que las modificaciones se hicieron sin comunicárselo a los ediles que levantaron la mano. El cambio habría sido realizado en 22 planos, algunos de los cuales afectan a suelo propiedad de la familia de la exalcaldesa.

El pasado jueves, después de que el decreto firmado por el fiscal tomara estado público, Ángeles Muñoz salió al paso con unas declaraciones genéricas en las que se limitó a decir que todo se había hecho correctamente. Ahora que ya se conoce exactamente cuáles son las conclusiones del fiscal esas explicaciones son insuficientes.

La denuncia del fiscal seguirá su curso y como Muñoz es una persona aforada es posible que la tramitación se demore algunos meses. Hasta entonces no se sabrá si la denuncia se admite a trámite y si por lo tanto la exalcaldesa y ahora senadora pasa a ser investigada, la nueva terminología legal que se aplica a los antiguos imputados. Haría muy mal Ángeles Muñoz si considera que dispone de todo ese tiempo para ofrecer las explicaciones que el caso requiere. El tiempo no juega a su favor, sino en su contra. Y en contra también del PP. Es senadora por la provincia de Málaga, líder de la oposición en Marbella y presidenta del partido más votado. La ciudad no puede permitirse cinco o seis meses de incertidumbre. Las explicaciones deben ser inmediatas y con todo lujo de detalles. Si no hubo alteración de los documentos debe decirlo con claridad; si lo hubo, debe explicar las razones.

Después de que hace diez años Marbella ocupara todas las portadas y llenara horas de programación televisiva con ese maridaje venenoso entre corrupción y cotilleo, la ciudad pareció conjurarse para erradicar una imagen nociva que amenazaba con cargarse para siempre su prestigio y su principal fuente de ingresos. Durante un tiempo, el mundo de la política estuvo atento no solamente a no repetir errores del pasado sino también, como la mujer del César, a que pareciera que se había aprendido la lección.

Las conclusiones a las que ha llegado el fiscal, que no son evidentemente definitivas pero sí suficientes para denunciar el asunto, demuestran que al menos hubo relajación en los controles y en esa decisión inicial no sólo de hacer las cosas bien sino también de hacerlas tan bien como para que no cupieran sospechas. Una vez más vuelve a demostrarse que los políticos deberían encontrar la forma para vacunarse contra la tentación de la soberbia a la que alienta el poder y alejar a los consejeros obsecuentes que nunca encuentran defectos en sus jefes.

Que una exalcaldesa de la ciudad y también un habilitado nacional se encuentren ahora a las puertas de una imputación por una circunstancia al menos oscura es una pésima noticia no solamente para los implicados sino también para toda la ciudad.

Sólo una triste circunstancia ha amortiguado un daño a la imagen de Marbella que en otra circunstancia hubiese sido letal, y es que las conclusiones del fiscal han llegado en un momento en el que todo el país está inundado por las aguas fétidas que vierten las cloacas de la política, a cuyo olor parecemos ya acostumbrados.

Marbella ya no es la capital de los escándalos porque prácticamente no hay ciudad o comunidad autónoma que no parezca pugnar por la capitalidad de la corrupción y de lo que parece corrupción. Triste consuelo.