Diario Sur

Reválidas para la discordia

Quizás porque muchos tenemos malos recuerdos sobre ellas o tal vez por son evidentemente un error, todo el mundo parece estos días en contra de las reválidas de la ESO y el Bachillerato que el exministro José Ignacio Wert ha dejado en herencia antes de viajar a su 'exilio' dorado en París. Las leyes de Educación que tanto se han proliferado desde que tenemos democracia han fracasado todas, pero ninguna ha despertado tanta polémica y tanta resistencia a su aplicación como esta que ha entrado en vigor y es conocida como la Lomce.

Los expertos ven en las reválidas una serie de obstáculos y contradicciones que si para algo pueden servir es para frustrar la evolución normal de muchos estudiantes que incluso podrían perder un curso si habiendo aprobado todas las asignaturas suspenden en la reválida que de alguna forma abrirá su camino a la Universidad. Todas las Comunidades Autónomas que no gobierna el PP, Asturias, Andalucía, Cataluña, Extremadura, Canarias o Euskadi, se oponen a su aplicación, los profesores discrepan de sus alegadas ventajas y los estudiantes ya han convocado una huelga en contra para el 26 de octubre. Hasta algún que otro diputado popular que en su día votó a favor de la propuesta del ministro, lamenta ahora sus inconvenientes y encuentra bastante justificada la reacción que su entrada en vigor, con el nuevo curso, ha provocado. El actual ministro de Educación, Méndez de Vigo, más dialogante que su antecesor, estaría dispuesto, según se desprende de algunas manifestaciones, a revisar el contenido de sus aspectos más chirríantes. Pero, incluso suponiendo que esa sea la voluntad del Gobierno, hay un problema legal que de momento se vislumbra insalvable, al menos hasta que haya un nuevo Ejecutivo.

La Lomce es una Ley orgánica que para derogarla o reformarla necesita otra del mismo rango. Y, aunque con la composición actual del Parlamento no sería difícil resolverlo, el impedimento que se plantea es la falta de un Gobierno en plenitud de poderes para poderlo proponer. De hecho la reforma de la Ley, o quizás su supresión, está entre las condiciones que los partidos manejan en búsqueda de un acuerdo de investidura. Pero el actual Gobierno en funciones no puede presentar proyectos a la Cámara y el Congreso sin propuestas del Gobierno nada puede hacer.

El callejón con tan difícil salida amenaza con actitudes de desacato, que ya se han producido al menos a nivel de amenazas, en convertirse en un elemento de inestabilidad durante el curso y, tanto para alumnos como padres, que son los primeros en oponerse a las reválidas, será un motivo más de inquietud e incertidumbre. En muchos círculos académicos se apoda a la Lomce como Ley franquista y el análisis político generalizado, al margen de la valoración pedagógica, la considera un «ataque al derecho a estudiar».