Diario Sur

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La chusca transitoriedad

Aparte del rosario constante de noticias que actualizan la materialidad de las ansias desconectoras del gobierno autonómico catalán, a través de apertura de embajadas e insoportables monólogos adolescentes de impostada rebeldía, ahora nos traen la inminente aprobación de la 'Ley de Transitoriedad'. Dícese de ese proyectado texto legal que quiere significar la hostil independencia imponiendo la disolución de la cámara autonómica y la convocatoria de unas elecciones 'constituyentes'. A más, los que a ello se han puesto afirman pretender que la citada norma -excrescente- imponga, a partir de ella, la automática desobediencia a las leyes españolas, aún con el mantenimiento temporal de los capítulos de derechos y libertades más importantes de la Constitución del 78. Por si fuera poco chocante, inapropiado e incitante el antijurídico texto, se incluye un 'régimen transitorio de lenguas', cuyas intenciones deben ser tan aviesas como intolerantes y totalitarias. O sea que la lengua de Cervantes, el idioma de uso mayoritario -por ejemplo- de la gran urbe de Barcelona, quedaría fuera de la oficialidad del pretendido y felizmente inalcanzable nuevo estado.

Nadie debe engañarse, no obstante, pues se está llegando demasiado lejos ya. A estas alturas, los avisos de la Fiscalía General del Estado o del Constitucional acerca de la exigibilidad de responsabilidades de orden hasta penal en aquellos que representan la secesión, empiezan a sonar vanos y muy insuficientes. Es verdad que la ley tiene sus plazos -a veces demasiado largos-, pero también hay que saber que una cosa es llegar tarde y otra no llegar. Una cosa es tardar con el inexorable peso de la justicia y otra que las instituciones constitucionales resuelvan detraer un daño que ya se tornó en irreversible.

No se trata de que la secesión -pura sedición en este caso- sea viable ni posible, pero aparte de decirlo llega un momento en el que hay que demostrarlo. Incluso si hay que tomar decisiones de carácter cautelar para impedir efectos perversos, indeseados e ilegales, ha llegado -con creces- el exacto instante de hacerlo.

No es permisible que podamos seguir viendo como organismos tales como el CATN (Consejo Asesor de la Transición Nacional), el Consejo de Garantías Estatutarias, en modo Tribunal Constitucional Catalán, o la ANC (Asamblea Nacional Catalana), protagonicen cada día un lamentable episodio más y con sus consecuencias. Tampoco lo es que se sigan inaugurando Oficinas de Representación en países extranjeros llamados a voces 'Embajadas' por sus propios diseñadores políticos, auténticos sedicentes españoles o presuntos.

Nuestra joven democracia, cuyo primer mandato es el de defenderse de sus enemigos para preservarse intacta, no sólo ha de reaccionar contra la corrupción. El sistema que nos hemos dado también ha de protegerse obligatoriamente y sin complejo alguno de los que han decidido y anunciado subvertirlo. Respetar y tolerar ideas ajenas es muy democrático, hacerlo con acciones, órganos y planteamientos contrarios al Ordenamiento Constitucional es profundamente temerario y hasta puede llegar a ser negligente.

Por mucho que pueda repetirse, no somos un estado plurinacional ni nunca lo hemos sido. Este planteamiento histórico, social y constitucional, implica que estemos ante un bien indiviso e indivisible. Por tanto, los temporales administradores y/o moradores de un trozo, territorio, región o 'nacionalidad', no son sus dueños soberanos, o al menos no lo son más que el resto de sus connacionales españoles. Y cuando equívocamente se habla de 'derecho de autodeterminación', hay que aclarar que el Derecho Internacional contempla ese derecho de los pueblos, en este caso el del pueblo español, que es el sujeto del derecho, no hay otro.

Mentir es manipular, mentir disimulada y matizadamente es manipular mucho más. «Las autoridades españolas nos impiden votar, la esencia de la democracia.» Votar está muy bien, pero aquello que nos compete y si todos los compelidos podemos hacerlo. La democracia es decidir, es votar, pero en condiciones de igualdad, los mayores de edad y sin la exclusión de los adversarios.

Aquellos que quieren crear un estado nuevo e independiente tienen, se mire como se mire, tres opciones, y no debieran ignorarlo:

1. Ganar en las urnas constitucionales la fuerza de representación suficiente para legalizar sus deseos.

2. Acatar la Constitución y las Leyes tal y como ha decidido la aplastante mayoría, actuando en su consecuencia.

O, finalmente, como ya se ha dicho con anterioridad en este mismo apartado o sección:

3. Adquirir un espacio territorial suficiente -de acuerdo con las normas de la compraventa-, allá dónde puedan, y montar un nuevo estado. O lo que quieran.