Diario Sur

LA TRIBUNA

Una amenaza ambiental y económica

Mucho se ha escrito y dicho este verano sobre incendios forestales. Galicia, la isla de La Palma, Los Barrios (Cádiz), La Jonquera, Castellón, Formentera todos ellos con un denominador común detrás: la intencionalidad o la negligencia humana.

A la par que nosotros, nuestro vecino país se ha visto desbordado por decenas de incendios simultáneos que han superado su capacidad de respuesta dejando más que patente la falta de coordinación que existe en la unión europea ante una catástrofe natural que, sin duda, amenaza periódicamente la seguridad del país. Paradoja geopolítica incluida, porque Rusia y Marruecos ha enviado presurosamente hidroaviones de alta capacidad adelantándose a la respuesta de la UE. También se ha abierto el interesante debate de la posibilidad de que el Ejército del Aire participe en tareas de extinción de incendios forestales adaptando aviones de carga militar durante los meses de verano. Mucho se ha hablado también de los jugosos y más que opacos concursos públicos multimillonarios de adjudicación de helicópteros de extinción a determinadas empresas.

Todos los expertos en la materia, ingenieros forestales y montes, coinciden claramente en que las administraciones públicas no están abordando el problema desde la raíz: no es otro que el abandono generalizado de los montes y la escasísima actividad del sector primario en zonas de media y alta montaña. El Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales manifestó recientemente en una nota de prensa a través de su presidenta nacional, Pilar Avizanda Cuesta, que para minimizar el desarrollo de los grandes incendios es fundamental que las administraciones dinamicen mucho más la actividad del sector primario en las zonas forestales de nuestro país.

Los grandes incendios forestales son el verdadero gran problema al que nos enfrentamos hoy, miles o decenas de miles de hectáreas calcinadas de un solo golpe en una o varias comarcas, sumadas al efecto del cambio climático pueden destruir la economía de los municipios afectados y provocar un éxodo masivo como ya ha ocurrido en otros grandes incendios forestales en nuestro país.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el 'shock post-incendio' al que se enfrentan los habitantes de una comarca pasto del fuego: ¿Cuál va a ser su futuro? Es más que evidente que si el municipio o municipios afectados desarrollaban una potente actividad turística por sus paisajes y bosques. sus habitantes quedan despojados de su medio de vida, abandonan la zona y el monte sin cuidados, y se queda a la espera un nuevo incendio intencionado o negligente.

Las dificultades prácticas para abordar esta problemática forestal y también generadora de riqueza turística, un sector muy pujante en nuestra provincia, son diversas: desde el histórico minifundismo de la propiedad forestal pasando por la escasa rentabilidad maderera de los pinares de repoblación y la abrupta topografía que dificulta enormemente la mecanización hasta llegar a un galimatías urbanístico especulativo desarrollado en nuestro país con las diferentes burbujas urbanísticas desde los años 60. El próximo gran incendio forestal en la provincia será proporcionalmente tan grande y devastador como la dejadez por parte de las administraciones en materia de prevención.

Con todo esto se ha creado un 'cóctel molotov' en nuestro país que, si no actuamos ya, podemos llegar a convertirnos, a excepción de la cordillera Cantábrica y Pirineos, en un país desértico en los próximos 100 años ya que la capacidad de autoregeneración de las masas forestales arboladas se está mermando enormemente.

Otro gran problema al que se enfrentan los medios de extinción y bomberos forestales es el que se les presenta ante las zonas de interfaz urbano forestal. Son zonas próximas a urbanizaciones, núcleos urbanos y viviendas aisladas. Las leyes forestales obligan a los medios de extinción a defender prioritariamente a las viviendas, aunque estén ya evacuadas, incluso antes que al propio bosque con el riesgo que supone de que se extienda a otras zonas forestales no habitadas y con un alto valor ecológico. Por ello es de extremísima urgencia que ayuntamientos, Diputación y Junta de Andalucía se sienten con predisposición constructiva, dejando al margen intereses políticos o competenciales farragosos, dinamizando la cooperación y creación de una mesa técnica provincial para la coordinación en prevención de incendios forestales en la interfaz urbano forestal. La comunicación entre las entidades locales, Diputación y Junta en materia de prevención de incendios debe ser mucho más fluida a efectos prácticos y velar celosamente por la vigilancia y aplicación del régimen sancionador forestal. Debe aplicarse con mucha más contundencia hacia aquellos que ponen en peligro la seguridad y la economía de todos. No contar con planes de Autoprotección, planes de Prevención o no ejecutarlos debe ser motivo de sanción administrativa. Transmitirse desde los ayuntamientos ese listado de incumplidores con la prevención de incendios forestales a la Junta de Andalucía debe ser un pequeño primer gran paso que ha de darse. También deben ser las administraciones públicas las primeras que den ejemplo a la ciudadanía en este sentido: en sus instalaciones y en sus montes que son los de todos. En este sentido algunos ayuntamientos de la provincia como Málaga, Alhaurin de la Torre, Mijas, Benahavis, Manilva, Casares o Marbella llevan algunos años reforzando sus actuaciones forestales preventivas y vigilancia.

Ni los bomberos forestales, ni nuestra economía y menos aún nuestros bosques pueden ponerse en riesgo debido a la negligencia preventiva de urbanizaciones, núcleos urbanos, viviendas e instalaciones aisladas en zonas forestales.

Aplicar el régimen sancionador en materia de prevención de incendios forestales es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía.

La vigilancia de que los cortafuegos se ejecuten alrededor de urbanizaciones y otras infraestructuras potencialmente peligrosas desde el punto de vista de un incendio forestal es competencia exclusiva de los ayuntamientos.