La Justicia gratuita es cosa de todos

El simple hecho de que la Consejería de Justicia se haya atrevido a redactar el citado borrador ya deja claro cuál es su objetivo: no tiene ninguna intención de mejorar los pagos, pese a que llega a reconocer que éstos son a todas luces insuficientes. De tanto oírlo, corremos el riesgo de acostumbrarnos y dejar de reclamar lo que nos corresponde. Os aseguro que no lo conseguirán.

El Colegio malagueño fue el único que presentó alegaciones al documento. Tengo la conciencia tranquila, no podía ocultar este disparate ni a los colegiados ni a los malagueños.

No quiero entrar a valorar la actitud del consejero de Justicia en todo este proceso: primero su Consejería envió el borrador, luego negó que existiera y más tarde llegó incluso a declarar en la Comisión de Justicia del Parlamento de Andalucía que el Colegio de Abogados de Málaga no había presentado ninguna alegación sobre ese documento.

Por supuesto, informamos de esta situación a todos los grupos parlamentarios andaluces en una carta a la que adjuntábamos tanto el borrador de Orden como nuestras alegaciones, presentadas y selladas en el registro de la Delegación del Gobierno andaluz en Málaga el pasado 4 de mayo. Como digo, los hechos hablan por sí solos.

Para ser justo, he de decir que no todos han actuado de la misma manera. El Pleno del Ayuntamiento de Málaga aprobó, con los votos de PP, Málaga Ahora, Ciudadanos y Málaga para la Gente, una moción en la que se instaba a la Junta de Andalucía a que evidenciara su compromiso con el Servicio de Justicia Gratuita que prestan 1.800 abogados y abogadas del turno de oficio en la provincia. El PSOE se abstuvo.

La Constitución Española, en su artículo 119, establece: «La justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar». Esta previsión se encuentra en estrecha relación y resulta coherente con los derechos otorgados a los ciudadanos por los artículos 24 y 25, pilares básicos del Estado Social y Democrático de Derecho.

Los Colegios de Abogados y Procuradores son, por mandato legal, las Corporaciones que han de organizar el servicio de asistencia jurídica gratuita. Y esta organización del sistema puede calificarse como un auténtico servicio público que se encomienda a las Corporaciones citadas, en el sentido en que lo expresa el Dictamen del Consejo de Estado 2888/1996, de 30 de julio de 1996, que define la asistencia jurídica gratuita como «servicio público, prestado por la Abogacía y la Procuraduría, financiado con fondos igualmente públicos».

Los usuarios del Servicio de Asistencia Gratuita y del Turno de Oficio son, precisamente, los ciudadanos más desfavorecidos, aquellos que por cuestiones económicas o de especial vulnerabilidad necesitan una mayor protección. Y siempre encontrarán un letrado que les ayude, pase lo que pase. Este es el compromiso inquebrantable de la Abogacía con la sociedad.

Me refiero a personas con escasos recursos, menores, víctimas de violencia de género, presos. Estamos hablando de un servicio fundamental para el Estado de Derecho y cuyo sostén no puede ser la inmensa capacidad de carga que tienen los abogados. Nuestra vocación es asegurar la tutela judicial efectiva de los justiciables, es cierto, pero ello no es óbice para que luchemos también por nuestros derechos.

Esta realidad, este compromiso de la Abogacía con la sociedad, no puede ocultar el hecho de que en 2012 la Junta de Andalucía recortara un 10% lineal las retribuciones de los letrados de la Asistencia Jurídica Gratuita y que a día de hoy no sepamos cuándo lo restituirá.

Estamos encantados de que los funcionarios y otros colectivos estén recuperando lo que les corresponde, por supuesto, pero exigimos saber cuándo nos tocará el turno a los abogados, que hemos demostrado durante estos años nuestra vocación y dedicación sin que el menoscabo de nuestras condiciones laborales haya repercutido en el servicio que prestamos a los usuarios.

Es más, la restitución de ese 10% no puede ser el objetivo. Los abogados de oficio estamos mal pagados en toda España, pero nuestro caso la situación es aún más flagrante si nos comparamos con las cantidades que perciben los compañeros de otros territorios.

La situación debe revertirse, debemos aspirar a equipararnos a los abogados de otras regiones porque en España no puede haber abogados de primera y de segunda. Todos somos iguales y la tendencia debe ir dirigida a igualar las retribuciones.

Mucho me temo que el borrador de Orden fue un globo sonda que envió la Junta de Andalucía para comprobar la capacidad de reacción de los abogados y que, si no llegamos a alzar la voz, el documento se habría aprobado tal cual.

Ahora, insisto, tenemos la obligación de exigir, por el bien del servicio y por lo tanto de sus usuarios, una retribución digna para la Justicia Gratuita. Y por eso hemos convocado una concentración a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Málaga el 22 de junio a las 12.00 horas, a la que esperamos que acudan no sólo abogados, sino también usuarios y representantes de la sociedad civil. Después de todo, la Justicia Gratuita es cosa de todos.