El largo camino

Acostumbrados como estamos a que en las noticias del día aparezcan nuevos casos de irregularidades en la gestión política resulta complicado intentar apartar la mirada y abstraerse de ellos habitualmente. Ni siquiera en las tradicionales comidas navideñas (aunque puedan ser más escasas que otros años) se consiguen eludir las referencias a estas situaciones, que dan hasta para alguna que otra discusión acalorada.

Pero es que la realidad está ahí y no coincide en muchas ocasiones con nuestros deseos. En determinados elementos que nos tocan muy de cerca, como los consabidos que se dieron en el Ayuntamiento de Marbella durante algunos años, nos siguen salpicando cada cierto tiempo nuevos datos sobre los casos judiciales pendientes, que no son pocos, a pesar de los años que ya han transcurrido desde que se dieron los hechos. Parece que el deseo de pasar página ya en todas estas historias puede ser mayoritario entre la población, que intenta que su vida diaria no se vea mediatizada por lo que hicieron algunos, pero también se oyen continuamente voces que reclaman que se haga justicia y que la ciudad recupere lo que le fue sustraído.

Todo eso conlleva un largo proceso, más si se tiene en cuenta la situación de la administración de Justicia, abarrotada de casos y necesitada de medios. Solemos referirnos con frecuencia a la lentitud de las actuaciones judiciales, pero con la perspectiva que da el paso del tiempo también podríamos preguntarnos por qué se tardó tanto en actuar contra las extrañas prácticas de gobierno que se llevaban a cabo en el ayuntamiento, donde algunas cosas destacaban por su flagrante anormalidad.

Hemos conocido estos días que hasta cuarenta casos están pendientes de ser juzgados, lo que da una idea del volumen de irregularidades cometidas, una detrás de otra sin que los mecanismos de seguridad saltaran por los aires, esos mecanismos que debería haber tenido la propia administración. En las instrucciones judiciales se dice que algunas prácticas contaban con la colaboración del secretario y el interventor municipales, que deben ser la garantía del cumplimiento de la legalidad, pero es que antes se habían sustituido a aquellas personas que hasta entonces ocupaban esos cargos por otros más afines a los intereses de quien estaba al frente del gobierno municipal. Y tampoco se hizo nada por parte de quienes podían hacerlo desde instancias superiores. O que entre los casos pintorescos (una forma de llamarlo dentro de la gravedad), se nombrara al marido de la alcaldesa nada menos que coordinador de Hacienda, sin que entremos siquiera a poner en duda la integridad del consorte, sino el procedimiento empleado de designación directa y personal.

Se ha cerrado recientemente un capítulo con pinceladas algo más folclóricas por la implicación de una tonadillera en una condena que le ha llevado a prisión, aunque algunos medios no sólo no lo hayan cerrado sino que lo están explotando hasta la saciedad, como si fuese uno de los graves problemas del país, pero es lo que vende. Aún queda mucha tela por cortar, incluso saber definitivamente las sentencias del caso Malaya, pendientes del Tribunal Supremo, por lo que habrá que seguir manteniendo una actitud serena ante lo que todavía nos viene, sabiendo que la justicia no es venganza y que, aunque despacito, tendrán que darse los pasos necesarios para poner las cosas en su sitio. El camino de retorno a la normalidad siempre es más lento y largo.