Zoido abre una oficina única para denuncias contra mossos, políticos o vecinos acosadores

M. SÁIZ-PARDO

Madrid. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha ordenado abrir una suerte de 'oficina única' en la Secretaría de Estado de Seguridad para que todos los policías y guardias civiles de Cataluña (tanto los destinados de forma permanente como de forma temporal) puedan denunciar episodios de acoso u hostigamiento por parte de vecinos o políticos. Esta oficina juridica, que tendrá una ventanilla para la Policía y otra para la Guardia Civil, también estudiará todos los vídeos, denuncias y documentos sobre la anuencia, colaboración o dejación de los Mossos d'Esquadra en los operativos de seguridad en Cataluña durante los últimos días. Será igualmente este equipo de abogados del Estado quien decida si actúa penalmente contra los colegios que, según denuncian varios funcionarios de Interior, están segregando a sus hijos.

Zoido, según han informado fuentes gubernamentales, anunció la creación de este gabinete jurídico durante su encuentro en la tarde de ayer con los representantes de las seis organizaciones profesionales de la Guardia Civil y los cinco sindicatos de la Policía.

Delitos de odio

La intención de Interior es que la Abogacía del Estado presente tantas denuncias como crea conveniente por la incitación de delitos de odio. Zoido pidió ayer a los seis colectivos de las fuerzas de seguridad que hagan de intermediarios para canalizar todas las pruebas que se recaben.

Ese gabinete jurídico creado 'ad hoc' también va a ser el encargado de emprender acciones legales contra los hoteles que han echado a los miembros de las fuerzas de Seguridad del Estado y contra los consistorios que han presionado a estos establecimientos para expulsar a los funcionarios del Ministerio del Interior.

El recién creado equipo jurídico va a comenzar su trabajo con una demanda contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien acusó a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado de haber cometido abusos sexuales durante las protestas del 1-O.

Los abogados del Estado igualmente van a valorar la posibilidad, según explicó Zoido, de retirar todas las condecoraciones y reconocimientos de la Policía y la Guardia Civil a los funcionarios de los Mossos que, después de analizar las pruebas, se pueda probar que desoyeron las órdenes judiciales o se enfrentaron abiertamente a los funcionarios de Interior, entre ellos el mayor del cuerpo autonómico, Josep Lluís Trapero.

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