El veto, el arma del PP para gobernar en minoría

El Ejecutivo bloquea el trabajo del Parlamento desestimando iniciativas que considere que pueden afectar a los Presupuestos

M. E. ALONSO

MADRID. Por primera vez en lo que va de legislatura el Congreso ha conseguido anular un veto del Gobierno a una iniciativa de la oposición. El pasado martes, la Mesa, donde el PP no tiene mayoría, levantó el bloqueo a la proposición de ley de Unidos Podemos de reforma de la regla de gasto. Un revés al Ejecutivo, que mantiene paralizada la Cámara baja a través de su capacidad para oponerse a la tramitación de toda iniciativa que suponga un aumento del gasto o una reducción de los ingresos fijados en los Presupuestos. Una facultad otorgada por la Carta Magna y que, a ojos de la oposición, se usa de forma indiscriminada.

Si en su primer mandato Mariano Rajoy convirtió el decreto ley, un procedimiento legislativo reservado para los casos de «extraordinaria y urgente necesidad», en la norma de su gobierno, en lo que va de legislatura ha normalizado el veto enviando al cajón 46 proposiciones de ley de grupos parlamentarios. Una cifra récord que le convierte en el Ejecutivo que ha vetado más iniciativas legislativas en democracia; le sigue el de José Luis Rodríguez Zapatero, que paralizó 27 propuestas, mientras que los diferentes gobiernos de la UCD lo hicieron con 23. Durante su mandato, Felipe González se sirvió de la prerrogativa hasta en 22 ocasiones, mientras que su sucesor, José María Aznar, nunca la empleó.

Para evitar que el PP tapone de este modo la aprobación de las leyes con las que no está de acuerdo, el Congreso admitió a trámite el pasado octubre una proposición de Podemos para reformar el reglamento de la Cámara y limitar así la capacidad del veto gubernamental, una propuesta que recibió el respaldo de todos los grupos a excepción de los propios populares y de Ciudadanos.

Hasta el momento, sólo en dos ocasiones la Mesa ha desoído los vetos del Ejecutivo (referentes a proposiciones del PSOE para reactivar la Lomce y para equiparar las condiciones de los trabajadores de subcontratas). Su tramitación siguió adelante, pero el Gobierno recurrió al Constitucional denunciando un conflicto con la Cámara que el tribunal aún no ha resuelto.

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