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ICÍAR OCHOA DE OLANO
Viernes, 29 de septiembre 2017, 00:54
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«Vostès tenen un problema, el 3%». La acusación que Pasqual Maragall lanzó a CiU en el Parlament aquel 24 de febrero de 2005, en referencia al cobro de 'peajes' por la concesión de contratos públicos, y que provocó una taquicardia contenida en el antaño venerado emblema del catalanismo, Jordi Pujol, se reveló con el tiempo como una tupida red de comisiones ilegales. Y, a la vez, como el chocolate del loro. El valioso delfín del que había sido president durante 23 años, el entonces líder de la oposición, Artur Mas, solo pudo apretar los dientes y recriminar al jefe del Gobierno catalán que «había perdido los papeles». En realidad, había roto una especie de ley de silencio que imperaba en Cataluña, tal y como confesaría el político socialista años después, en sus memorias.
Desde entonces, el enorme iceberg de las cloacas catalanas ha ido emergiendo y pringando en su deshielo con su pestilente tufo a todos y cada uno de los tótems del credo catalanista: los Pujol, el Palau de la Música, el Barça, la banca... Precisamente, en ese sector, el financiero, se perpetraría uno de los primeros y mayores expolios de su historia, si bien acabó quedando sobreseído por falta de pruebas. Afectaba a la Banca Catalana, -presidida precisamente por Jordi Pujol entre 1974 y 1976-, que necesitó de una intervención estatal en 1984 al aflorar un agujero de 20.000 millones de pesetas. Por entonces, pocos podía imaginar que el padre de la patria y administrador moral del sentimiento catalanista, su esposa, Marta Ferrusola, y sus siete hijos conseguirían amasar un patrimonio superior a los 1.000 millones de euros y repartirlo en más de veinte paraísos fiscales.
Hace dos años, todos los miembros del clan eran formalmente imputados en algunos de los cuatro procedimientos judiciales abiertos contra ellos. En total, los jueces tienen sobre la mesa cerca de una veintena de causas abiertas, lo que coloca a Cataluña en la tercera posición del ránking nacional de comunidades más sospechosas de corrupción, por detrás de Andalucía y Valencia. Eso sí, barre a todas en número de cargos públicos procesados por soborno, cohecho, prevaricación urbanística, tráfico de influencias o malversación de fondos. Nada menos que 303 fueron enviados al banquillo de los acusados entre julio de 2015 y septiembre de 2016, según reveló el Consejo General del Poder Judicial a primeros de año, en un estudio estadístico que elaboró a escala nacional.
Muchas de esas tramas comparten nombres, apellidos, empresas y hechos, y evidencian lo abultado que ha sido el cesto de las manzanas podridas en el mundo político y empresarial catalán durante las tres últimas décadas. Nada, sin embargo, que parezca marcar una idiosincrasia propia en materia de corrupción.
Ausencia de controles
«Los elementos que propician esta actividad delictiva son comunes a todo el país, incluso a buena parte del mundo. Se genera siempre a partir de una serie de factores de riesgo. Los fundamentales, la prolongación del mismo partido político en el gobierno durante tantos años y la ausencia de controles en la contratación pública o en la financiación de partidos».
Así lo expone a este periódico la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra y experta en corrupción Inés Olaizola, quien discrepa abiertamente de las voces que ven el 'procés' una cortina de humo para tapar tanto expolio. «Es un razonamiento demasiado simplista ante un problema tan grave. Y, por otro lado, los juicios por corrupción siguen en marcha y no se paralizan aunque haya 'procés'», agrega.
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