El Tribunal Superior de Cataluña investiga a todo el Govern por delitos penados con prisión

Colau, emocionada junto a dos bomberos durante el acto de entrega ayer de la medallas. :: m. pérez / efe
Colau, emocionada junto a dos bomberos durante el acto de entrega ayer de la medallas. :: m. pérez / efe

La Fiscalía pide a los Mossos que impidan la organización y celebración del referéndum suspendido por el Constitucional

MATEO BALÍN MADRID.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admitió ayer por la tarde las dos querellas presentadas por la Fiscalía contra los 14 miembros del Gobierno catalán, con el presidente Carles Puigdemont a la cabeza, y los cinco integrantes de la Mesa del Parlamento autonómico que acordaron tramitar las leyes del referéndum suspendidas el jueves por el Tribunal Constitucional.

La Sala de lo Civil y Penal consideró que hay indicios suficientes para investigar a los 19 altos cargos por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Este último tipo penal conllevaría penas de prisión de entre dos y ocho años, mientras que para los dos primeros delitos el castigo sería la inhabilitación para empleo o cargo público.

Las querellas fueron anunciadas el jueves por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y a primera hora de la tarde de ayer la Fiscalía Superior de Cataluña, presidida por José María Romero de Tejada, barcelonés de 69 años, activó la maquinaria con la judicialización de sendos escritos de denuncia. Sin tiempo que perder, la Sala Civil y Penal del Tribunal se reunió poco antes de las 15:00 horas para debatir su admisión. Para ello nombró como ponentes a los magistrados José Francisco Valls y Carlos Ramos.

El juez Valls, adscrito a la Asociación Profesional de la Magistratura, colectivo judicial de perfil conservador, ya fue el ponente en la admisión de la querella que en su día presentó la Fiscalía Superior de Cataluña contra el expresidente Artur Mas y sus consejeras Irene Rigau y Joana Ortega por la celebración de la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014. Una causa que acabó con la condena por desobediencia para los tres acusados en marzo pasado y penas que oscilaban entre un año y medio y dos de inhabilitación.

Así, pasadas las 19:00 horas, la sala concluyó su deliberación y acordó admitir a trámite las querellas y abrir dos causas contra los ya formalmente investigados (antes imputados). La querella contra todos los miembros del Govern se acumulará al procedimiento ya abierto en mayo pasado contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, quien convocó el concurso de las urnas para el referéndum del 1 de octubre, y el secretario general de su departamento, Francesc Esteve. Dicho procedimiento ya lo instruye la magistrada Mercedes Armas.

Se da la circunstancia de que esta juez está adscrita a la Audiencia Provincial de Barcelona y ahora refuerza el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en comisión de servicios. Cubre una vacante en la Sala Civil y Penal durante seis meses. En la sección octava de la Audiencia, por ejemplo, Armas formó parte del tribunal que condenó al futbolista Lionel Messi por tres delitos de fraude fiscal. La pena de 21 meses de prisión inicial fue conmutada por una multa de 252.000 euros tras abonar el futbolista casi 25 millones.

Por su parte, la querella registrada con el número 40/2017, dirigida contra la presidenta del Parlament Carme Forcadell y otros cuatro miembros de la Mesa -tres diputados de Junts pel Sí y uno de Catalunya Sí que es Pot- se acumula al procedimiento ya abierto contra ellos, que instruye la juez María Eugènia Alegret.

«Uso ilegal de fondos»

Sobre el delito de malversación, la Fiscalía justificó que los investigados «no pueden desconocer que su decisión de convocar el referéndum de autodeterminación conlleva necesariamente el uso ilegal de fondos públicos». Además, piden que se dispongan medidas cautelares para «el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los ahora querellados, incluyendo la exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía o por el valor que prudencialmente se fije».

Las resoluciones de la Sala Civil y Penal se notificarán en los próximas días. De forma posterior, las instructoras dictarán sendos autos en los que citarán a los 19 investigados y acordarán las medidas cautelares que les ha pedido la Fiscalía. Entre otras, aportar copias de las actas de sesiones, documentos y notificaciones parlamentarias que llevaron a la aprobación del referéndum y el cese de la actividad de las páginas web 'garanties.cat' (que anoche seguía activa) y otra relacionada con la petición de voluntarios.

También reclamó el fiscal la adopción de medidas cautelares respecto a cualquier medio de comunicación telemático, red social o web que realice la misma actividad y apercibir a los directores de los medio públicos o privados catalanes a fin de impedir la inserción de cualquier tipo de publicidad del 1-O. De igual modo, pidió que las mismas instrucciones lleguen a los alcaldes que faciliten cualquier tipo de recurso personal o material para la celebración del referéndum y que se oficie a la Policía Judicial (Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra) la competencia para impedir la promoción, organización y celebración del mismo.

El Tribunal Superior también comenzó ayer a notificar de forma personal las resoluciones del Constitucional respecto al referéndum a varios mandos de los Mossos, entre ellos el mayor Josep Lluís Trapero.

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