El Tribunal de Cuentas reclama a Mas que pague de su bolsillo los gastos del 9-N

Joana Ortega, Artur Mas e Irene Rigau, antes de declarar en el juicio por el 9-N. :: Inés Baucells

Impondrá una fianza o el embargo de bienes del expresidente catalán y de los tres exconsejeros condenados

RAMÓN GORRIARÁN MADRID.

Lo que temía el consejero Jordi Baiget y le llevó a ser destituido, el miedo a que el proceso independentista tuviera consecuencias en los bienes particulares, se acerca. El Tribunal de Cuentas ha iniciado el procedimiento para que Artur Mas y sus tres exconsejeros condenados, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, tengan que hacer frente con su patrimonio personal a los 5,1 millones de euros que gastó el Gobierno catalán en la consulta del 9-N. El órgano supervisor rechazó ayer el recurso de los servicios jurídicos de la Generalitat y dio la razón a los denunciantes, Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, para que se exijan responsabilidades económicas a los cuatro por «malversación contable».

La sección de Enjuiciamiento II del órgano supervisor, que preside la exministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante, dictó sendos autos en los que no admitió los argumentos del Gobierno catalán para no proceder contra Mas, Homs, Rigau y Ortega, y ordenó nombrar un instructor para que practique «las diligencias previstas en el artículo 47.1» de la ley del Tribunal de Cuentas. Entre estos procedimientos está el «requerimiento a los presuntos responsables para que depositen o afiancen, en cualquiera de las formas legalmente admitidas, el importe provisional del alcance, más el cálculo de los intereses que pudieran resultar procedentes, bajo el apercibimiento de embargo». Es decir, que depositen una fianza que cubra la responsabilidad más los intereses por los 5,1 millones de euros de dinero público gastados el 9-N o sus bienes serán embargados mientras dure la instrucción.

Todo arranca de una denuncia presentada el 18 de mayo por las dos entidades catalanas antisoberanistas ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, acusación que el Ministerio Público hizo suya y el 2 de junio la elevó a la instancia de enjuiciamiento que preside Mariscal de Gante, ministra con José María Aznar desde 1996 a 2000, y de la que forman parte otros dos consejeros, uno propuesto por el PP y otro por el PSOE. El delito que se imputa a Mas y sus exconsejeros es el de malversación contable, distinto al de malversación de fondos públicos que se enjuicia en la vía penal, y del que fueron absueltos por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que juzgó a Mas, Ortega y Rigau; y el Supremo, que hizo lo propio con Homs por su condición de diputado en el Congreso.

La Generalitat invirtió 5,1 millones de euros en organizar y celebrar la consulta prohibida

Devolver el daño causado

El expresidente catalán fue condenado a dos años de inhabilitación para cargo público y una multa de 36.500 euros por desobediencia al Tribunal Constitucional al organizar la consulta del 9 de noviembre de 2014 sin atender la prohibición dictada por la corte de garantías; Ortega fue castigada con un año y nueve meses y una multa de 30.000 euros; y Rigau, a un año y medio y 24.000 euros. El Supremo condenó a Homs por el mismo delito de desobediencia a un año y un mes de inhabilitación y multa de 30.000 euros. Los tribunales, sin embargo, no vieron delito de malversación de fondos públicos, que conlleva penas de cárcel.

El departamento que preside la exministra de Justicia ha aplicado en este caso el artículo 38 de la ley del Tribunal de Cuentas que establece que «el que por acción u omisión contraria a la ley originare el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados». De los 5,1 millones que gastó la Generalitat en aquella consulta, la principal partida fue la de los ordenadores portátiles para las mesas de votación, 2,8 millones; la póliza de seguro para los voluntarios, 1,4 millones; el apoyo informático a la consulta, 1,1, millones; la campaña de publicidad institucional, 828.171 euros; envío de información, 307.962; material de votación, 70.532; y elaboración de la página web para la consulta, 14.837. Todo pagado con fondos del Gobierno catalán como reconocieron los encausados en sus procesos.

La Generalitat intentó el archivo de la denuncia con los argumentos de que no se produjo «daño alguno a fondos estatales», que la administración general del Estado carece de «legitimación activa» para enjuiciar esos gastos y que vulnera «la autonomía financiera» del Gobierno catalán. Razones que el Tribunal de Cuentas desestimó en los autos conocidos ayer.

El órgano supervisor debe designar ahora un delegado instructor entre sus consejeros, pero fuentes del organismo apuntaron que, aunque es probable que el nombramiento se realice la próxima semana, el procedimiento se podría aplazar hasta septiembre dado que agosto es un mes de vacaciones. Además, el Gobierno de Cataluña tiene un plazo de cinco días para recurrir las dos resoluciones del Tribunal de Cuentas.

Más

Fotos

Vídeos