El Tribunal de Cuentas exige a Mas que pague por el 9-N la víspera de convocar el referéndum

Puigdemont y Junqueras comparecieron ayer en el Palau de la Generalitat para arremeter contra la decisión del Tribunal de Cuentas. :: Toni Albir/ efe
Puigdemont y Junqueras comparecieron ayer en el Palau de la Generalitat para arremeter contra la decisión del Tribunal de Cuentas. :: Toni Albir/ efe

La Generalitat entiende que es una «incautación» del patrimonio personal y acusa al Estado de saltarse las garantías procedimentales

CRISTIAN REINO BARCELONA.

El Tribunal de Cuentas lanzó ayer un serio aviso para los navegantes independentistas. La víspera de que la Cámara catalana apruebe la ley del referéndum y de que acto seguido el Gobierno catalán firme el decreto de convocatoria de la consulta del 1 de octubre, el organismo fiscalizador del sector público tomó dos decisiones, que en el secesionismo interpretaron casi como una declaración de guerra del Estado español para frenar la consulta secesionista.

Por un lado, citó para el próximo 25 de septiembre, seis días antes de la fecha prevista para la consulta, al expresidente Artur Mas y a los exconsejeros Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, en el marco de la investigación que tienen abierta por malversación de fondos públicos en la organización de la consulta del 9-N de 2014. Los cuatro exmiembros del Ejecutivo catalán deberán pagar una fianza, con la que puedan garantizar su responsabilidad civil ante una eventual condena. La caución podría llegar a los 5,2 millones de euros que es, según el Tribunal de Cuentas, la cantidad que empleó la Generalitat para organizar el 9-N. Si no pagan, sufrirían el embargo de bienes personales.

La citación incluyó además una seria advertencia al secesionismo, ya que amplió la causa del 9-N a siete altos cargos más de la administración catalana, lo que afecta no solo a los primeras espadas, sino a dirigentes de un segundo nivel del Gobierno.

Mas, Ortega, Rigau y Homs corren el riesgo de que se les embarguen bienes, hasta cubrir 5,2 millones

El Tribunal de Cuentas acusa a los dirigentes soberanistas de malversación de cuentas, un delito por el que no fueron condenados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña durante el juicio del 9-N Mas, Ortega y Rigau. Tampoco el Tribunal Supremo incluyó ese delito en el proceso a Homs. Los cuatro fueron condenados a penas de inhabilitación de hasta dos años por desobediencia y prevaricación, pero no por malversación.

Sin embargo, la entidad antiindependentista Sociedad Civil Catalana presentó en mayo pasado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el expresidente catalán y sus excolaboradores con el objetivo de que «devuelvan» los gastos generados por el 9-N. «El archivo de la causa penal por el delito de malversación no les exime de que no deban responder por su responsabilidad, al haber dispuesto de fondos públicos para llevar a cabo un proceso de participación ciudadana», denunció la plataforma.

«A menos de un euro»

Poco después, la Fiscalía apoyó la apertura de una investigación. En julio, el Tribunal de Cuentas abrió el procedimiento para que los condenados por el 9-N paguen los costes de la consulta de 2014, en torno a 5,2 millones, a repartir entre los cuatro. La Generalitat no se lo tomó muy en serio en un primer momento. «Toca a menos de un euro por catalán», manifestó entonces con sorna el consejero de la Presidencia, Jordi Turull. El hecho de que la magistrada Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar, se hiciera cargo de la investigación, levantó además todas las suspicacias en el secesionismo.

A diferencia de su respuesta de julio, la Generalitat salió ayer en tromba. En una rueda de prensa convocada de urgencia pasadas las siete y media de la tarde, el presidente, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, comparecieron en el Palau de la Generalitat para afirmar que la «ofensiva a la desesperada» del Estado español, de la que la citación del Tribunal de Cuentas es, a su juicio un buen ejemplo, no frenará el referéndum.

Puigdemont habló de «salto cualitativo» en el enfrentamiento que libran las instituciones centrales y la catalana y acusó al Tribunal de Cuentas de querer sembrar «miedo», de «amenazar» al soberanismo y de «agredir» a la ciudadanía de Cataluña. El jefe del Ejecutivo habló de «incautación» del patrimonio personal de los acusados y señaló que los poderes del Estado español se sitúan con esta iniciativa «fuera del Estado de Derecho». «Se han saltado todas las garantías procedimentales», dijo.

«Nada va a parar la consulta», expresó Puigdemont, más bien, dijo, la decisión del Tribunal de Cuentas servirá para convencer a los que aún tienen dudas. El convencimiento a los indecisos se verá si se produce, lo que parece claro es que la medida va a caldear los ánimos del mundo soberanista en las concentraciones de la Diada del próximo lunes.

La Asamblea Nacional Catalana y Ómnium pidieron a su militancia que haga donaciones para pagar la fianza. En su momento, Junqueras también sugirió la posibilidad de crear una «caja de resistencia» para hacer frente a las responsabilidades económicas de los gobernantes encausados por el proceso.

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