Los tres primeros alcaldes citados por la Fiscalía rechazan declarar por el 1-O

Marc Solsona, alcalde de Mollerussa, ayer, tras negarse a declarar. :: ll. gené / afp

El independentismo vuelve a echarse a la calle para manifestarse a las puertas de los juzgados

CRISTIAN REINO BARCELONA.

La gran causa judicial iniciada por la Fiscalía contra los más de 700 alcaldes que han comprometido su apoyo y colaboración al referéndum comenzó ayer con la comparecencia de los tres primeros ediles, que siguiendo la estrategia política del secesionismo, se acogieron a su derecho a no declarar. Acudieron a su cita, extremo que no harán los cerca de 30 alcaldes de la CUP, pero quisieron dejar constancia su rechazo a la autoridad de la Fiscalía, a la que consideran que se ha extralimitado de sus competencias y que está actuando al dictado del Gobierno en su intento de frenar la consulta del 1-O.

Los alcaldes de Mollerussa (Lérida), Marc Solsona; de Oliana (Lérida), Miquel Sala; y de El Pont de Suert (Lérida), José Antonio Troguet, todo ellos del PDeCAT, insistieron en que su compromiso sigue siendo que la «gente pueda votar» y que no tienen intención de «echarse para atrás», por lo que el día 1 de octubre pondrán a disposición de la administración catalana los locales de titularidad municipal para que acojan los colegios electorales.

«Votar no es un delito ni el referéndum es ilegal», afirmó Solsona a la salida de la Fiscalía Superior de Cataluña, a donde acudió por su condición de diputado en la Cámara catalana. Fuentes judiciales señalaron que el fiscal avisó a Solsona que el caso puede acabar en la Fiscalía General del Estado.

Troguet aseguró que al final de su citación, el fiscal le advirtió de que si cede locales para la votación podría estar incurriendo en un delito. Ese es el asunto en litigio: los alcaldes solo consideran que están fomentando el derecho de la ciudadanía a participar políticamente, mientras que el Ministerio Público cree que han podido cometer un delito. Solsona, de hecho, dijo que no teme ir a prisión. «Yo solo soy alcalde, tengo el compromiso con los vecinos de Mollerusa de que puedan votar mediante la ley del Parlamento catalán, y lo que me pase no es muy importante. Soy un instrumento y si no estoy habrá otro. Las consecuencias que haya, serán», remató.

Decreto suspendido

La Fiscalía investiga a los ayuntamientos que han mostrado abiertamente que colaborarán con el 1 de octubre, cediendo locales municipales a la organización de la votación, a pesar de que el decreto de convocatoria y la ley del referéndum fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional.

De los más de 700 municipios investigados, sólo Badalona se encuentra entre los cinco más habitados de Cataluña. Barcelona, L'Hospitalet, Tarragona, Lérida, Cornellà y Santa Coloma de Gramanet son los que más población, pero sus alcaldes no están dispuestos a facilitar locales para los colegios electorales. En Barcelona, en cualquier caso, Carles Puigdemont y Ada Colau se han puesto de acuerdo para que la ciudadanía pueda votar en edificio de la administración catalana.

Los más de 700 alcaldes que están bajo la lupa de la Fiscalía, y que representan a tres de cada cuatro municipios de Cataluña, aunque a poco más del 40% de la población, se manifestaron el sábado pasado en la plaza de Sant Jaume, tanto en el Ayuntamiento de Barcelona como en el Palau de la Generalitat, donde volvieron a dar todo su apoyo al presidente de la Generalitat.

El secesionismo salió en defensa de sus alcaldes y volvió a hacerlo ayer en las comparecencias judiciales. Es ya un clásico, pero los grupos independentistas aprovechan cada citación de un dirigente soberanista para hacer movilizaciones frente a los juzgados y las sedes de la Fiscalía y exhibir músculo y ejercer presión a las instancias judiciales.

Carme Forcadell y la plana mayor del PDeCAT arroparon a Solsona frente a la Fiscalía Superior de Cataluña. La presidenta de la Cámara catalana, que está querellada por desobediencia y prevaricación, avisó al Gobierno central que las querellas «no pararán la voluntad» de los alcaldes de que se celebre el referéndum soberanista. Durante las concentraciones ante las sedes judiciales, en torno a un centenar en el caso de Solsona, algo inferior en los otros dos, el público asistente coreó gritos a favor de la independedencia y apoyó a los alcaldes con «votaremos» y «no estás solo». En torno a un a cuarentena de alcaldes han sido citados para los próximos días. Entre ellos, el de Sabadell (de la CUP), que ya ha advertido de que no tiene intención de acudir a declarar. Su negativa obligará a los Mossos a detenerlo o al menos conducirlo al juzgado.

El fiscal general del Estado ordenó la semana pasada que se citara como investigados a aquellos ediles que firmaron decretos para ceder locales para el 1-O, con la advertencia de que si no comparecen serán detenidos. Tras las primeras diligencias, la Fiscalía deberá decidir si abre causa judicial y envía los casos a un juez o decreta el archivo.

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