LA TENSIÓN POLÍTICA NO DESCANSA

DIEGO CARCEDOMadrid

Esta tarde hay coincidencia general en que la tristeza y la preocupación vuelven a empañar el estado de ánimo de muchos españoles, catalanes y no catalanes. Nunca es agradable ver que alguien tiene que ingresar en prisión por muy grave que sea la culpa que lo justifica. La prisión incondicional ordenada por la juez Carmen Lamela contra el ex vicepresident y siete ex consellers del Gobierno que presidía el prófugo Carles Puigdemont en Cataluña, es una medida dura y probablemente propiciadora de nuevos incidentes que quizás vuelvan a alterar la normalidad que la vida pública catalana estaba empezando a recobrar.

Muchos ciudadanos, descontados los exaltados del soberanismo a quienes cualquier medida les habría parecido injusta, quizás piensen esta noche en los problemas que vayan a suscitarse ante esta decisión judicial. Su argumento es que este problema debe ser resuelto por la vía política. Y en el pasado así debería haber sido y en futuro así se tendrá que ser. Pero en el presente la realidad es que hay una serie de hechos consumados contra los que Estado de derecho que defenderse. La Justicia, que funciona de manera más discreta y reglada, también tiene unas responsabilidades que no siempre coinciden con la flexibilidad de la actividad política.

Las críticas que se escuchan, y no sólo de exaltados independentistas, coinciden en atribuir a los detenidos la condición de políticos elegidos democráticamente, y la tienen, pero lo que no tienen por ello es el derecho exclusivo de violar las leyes que nos rigen a todos. Y los detenidos, parece evidente que de forma reiterada, con conocimiento de causa y habiendo sido advertidos, participaron o condescendieron con una larga lista de violaciones legales, empezando por los principios constitucionales, pasando por el Estatuto de Autonomía y acabando con otras leyes que también requieren el respeto por parte de todos. En este sentido los argumentos de la juez son claros y contundentes. Lo ocurrido además causó graves daños a la convivencia, a la imagen de Cataluña y a su economía.

Todo es discutible y, cuando política y delito concomitante se mezclan, quizás hasta más. Las pasiones que impregnan a veces las ideas no facilitan llegar a consensos de opinión. En este caso, tal vez más porque la actuación previsible de la Justicia, olvidando los recursos que ofrece su condición garantista, es contemplada solamente desde su parte más inquietante: el riesgo, como ya decía, de que provoque reacciones callejeras y sobre todo que pueda influir y empañar la celebración de elecciones el 21 de noviembre.

Entre los elementos contemplados por la juez para adoptar una decisión así hay dos, además, que tampoco pueden ser desdeñados. Uno es la deplorable actitud del ex president, Puigdemont, huyendo y dejando en el ambiente el temor a que su ejemplo sea imitado por otros implicados. Y otro, que lejos de retractarse, o cuando menos cesar en su actividad delictiva, los detenidos siguen desobedeciendo su destitución e insistiendo en que continuarán actuando en la misma dirección, con los mismos objetivos y con la misma disposición a desacatar al Estado de derecho.

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