El Teatro Nacional tiene cinco días para aportar las facturas del acto de la ley del referéndum

Acto de Junts pel Sí y la CUP. :: efe

Junts pel Sí desvincula al Ejecutivo de la conferencia y califica la entrada de la Guardia Civil en la institución de vuelta al franquismo

CRISTIAN REINO

barcelona. La ley del referéndum aún no ha llegado al Parlamento catalán, pero un juez ya la investiga como parte de los preparativos de la consulta del 1 de octubre. Un magistrado de Barcelona envió ayer a la Guardia Civil al Teatro Nacional de Cataluña (TNC) para recabar toda la documentación sobre el acto que Junts pel Sí organizó la semana pasada para presentar los detalles de la ley que debería dar cobertura al referéndum. Al acto acudió el Gobierno catalán en pleno y contó con la participación de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Marta Rovira y Lluís Llach.

Dos agentes entregaron un requerimiento del juzgado, según el cual el teatro tiene cinco días para facilitar toda la documentación sobre la conferencia, como el contrato de alquiler de la sala. El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona investiga los actos de preparación del referéndum, a raíz de las declaraciones del exsenador de Esquerra Santi Vidal, que en enero afirmó que la Generalitat había recopilado los datos fiscales de todos los catalanes de manera ilegal. En el marco de esta misma investigación, empleados públicos de la Generalitat, altos cargos y responsables de una agencia de publicidad prestaron recientemente declaración ante la Guardia Civil sobre el llamado registro de los catalanes en el exterior, que el Ejecutivo catalán trata de activar para completar el censo.

Época franquista

El independentismo salió ayer en tromba para criticar la irrupción de la Guardia Civil en el TNC, que comparó a las operaciones policiales de la época franquista. «Atenta» contra la libertad de expresión y busca sembrar el «pánico» entre la gente, según afirmaron los diputados de Junts pel Sí. Los secesionistas señalaron que no tienen miedo de las amenazas del Estado y que la semana que viene celebrarán los 200 actos que tenían previsto para explicar la ley del referéndum por toda Cataluña.

El grupo parlamentario que agrupa al PDeCAT y a Esquerra excluyó al Gobierno catalán de la organización del acto, que tuvo un coste de 17.609 euros, relativos al alquiler del local, el montaje y preparación. La conferencia, «Garantías para la democracia: por un referéndum legal, efectivo y vinculante», fue anunciada en la agenda oficial de la Generalitat y sirvió de puesta de largo de la ley del referéndum, que los soberanistas tienen intención de empezar a tramitar en septiembre.

Entre otras cuestiones, la norma, que difícilmente pasará el corte del Constitucional, prevé la declaración de independencia en caso de que el sí gane en la consulta del 1-O. La ley establece además que ella misma prevalecerá sobre el Estatuto y la Constitución.

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