El TC suspende el pleno del Parlament que podría declarar la independencia

Vista del salón de plenos del Parlamento de Cataluña. :: reuters/
Vista del salón de plenos del Parlamento de Cataluña. :: reuters

La corte se ampara en la «urgencia excepcional» para dejar sin efecto la sesión convocada para el lunes tras admitir un recurso del PSC

MATEO BALÍN MADRID.

El Tribunal Constitucional (TC) volvió ayer a entrar en escena en el proceso independentista catalán. El Pleno, formado por los 12 magistrados, acordó admitir a trámite el recurso de amparo presentado a primera hora de la mañana por el Partido Socialista de Cataluña (PSC) en contra de la decisión de la Mesa del Parlament de convocar la celebración de una sesión este lunes para que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, «valore los resultados del referéndum del 1 de octubre y sus efectos». Un acto que podría suponer el anuncio de la llamada declaración unilateral de independencia.

Amparado por la «urgencia excepcional» del momento, la «repercusión social y económica» y las «consecuencias políticas generales» que suponen el desarrollo de este pleno, el TC amparó a los parlamentarios del PSC y suspendió de forma cautelar el acuerdo de convocatoria de la Mesa del Parlament, decidido en una reunión celebrada el miércoles. Los magistrados resolvieron declarar «radicalmente nulo y sin valor ni efecto alguno cualquier acto, acuerdo o vía de hecho que contravenga la suspensión acordada».

Asimismo, acordaron notificar personalmente la presente decisión a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los diputados que forman parte de la Mesa de la Cámara catalana: Lluís Guinó, José María Espejo-Saavedra, Anna Simó, David Pérez, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet. A todos ellos les transmitió el TC su deber de «impedir o paralizar» cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y, además, les apercibió de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir si desobedecen.

Se da la circunstancia de que Forcadell y los parlamentarios en la Mesa de Junts pel Sí (Ginó, Simó y Barrufet) y el de Catalunya Sí que es Pot (Nuet) ya están siendo investigados por tres delitos por una juez de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Cataluña. La Fiscalía presentó una querella contra ellos por presunta prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos por tramitar los acuerdos de la leyes del referéndum. La magistrada María Eugenia Alegret ya tenía otra causa abierta desde febrero contra Forcadell y los tres diputados de Junts pel Sí por un delito de desobediencia.

«Aquí no entrará la censura»

Tras conocer la suspensión del pleno del lunes, la presidenta de la Cámara catalana consideró un hecho «insólito y de extrema gravedad en un parlamento democrático». «No abriremos la puerta a la censura y seguiremos trabajando para que en el Parlament se pueda hablar absolutamente de todo. Lo que pretende el TC es que la Mesa se convierta en un órgano censor, pero defenderemos la soberanía de la cámara y la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados y diputadas», respondió.

Para la corte de garantías, en cambio, la concurrencia de la «urgencia excepcional» (artículo 56.6 de la Ley Orgánica del TC) hace que la sesión del lunes quede suspendida de forma cautelar, ya que de celebrarse se produciría «un perjuicio de imposible o muy difícil reparación que haría perder su finalidad al recurso de amparo» presentado por el PSC. Dicha resolución podrá ser recurrida por la Generalitat o la Fiscalía en un plazo de cinco días.

Los recurrentes, diputados socialistas catalanes, denunciaban que la convocatoria de la sesión vulneraba su derecho, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, «a ejercer los cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad, sin perturbaciones ilegítimas, con los requisitos señalados en las leyes». Manifestaban, asimismo, que la vulneración de su derecho «se produce por el radical quebrantamiento de la Constitución y el Estatuto de Autonomía que conllevaría la declaración formal de la independencia de Cataluña».

Finalmente, alegaban que el acuerdo de la Mesa incumple las resoluciones del TC en tanto en cuanto pretende aplicar lo previsto en la Ley del referéndum y en la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana, ambas suspendidas. Por estas razones, solicitaron la nulidad de la convocatoria del pleno, ya que la eventual declaración de independencia supondría un «perjuicio irreparable».

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