El Supremo archiva la causa por la explosión que mató a tres militares en la base de Viator

MATEO BALÍN

madrid. No hubo responsabilidad penal en la actuación de un capitán de la Legión por la explosión de un proyectil en la base Álvarez de Sotomayor, en Viator (Almería) en mayo de 2013, en la que fallecieron tres militares y dos resultaron heridos. El Tribunal Supremo desestimó ayer el recurso de casación de las familias de los fallecidos y confirmó el archivo de la investigación decretado por el Tribunal Militar Territorial Segundo en octubre.

La Sala de lo Militar del Alto Tribunal rechazó que los hechos tengan encaje en un delito contra la eficacia del servicio, castigado con hasta dos años de prisión, porque la decisión del jefe de los artificieros, J.L.C.P., de depositar la munición que sobró de la práctica en la nave del Servicio de Desactivación de Explosivos (Sedex) «no fue la causa de la detonación del proyectil».

Los hechos ocurrieron el 20 de mayo de 2013, cuando la Sedex de la compañía de Zapadores de la Brigada de la Legión realizó unos ejercicios de práctica en la base. Los miembros de la unidad depositaron en el polvorín uno de los proyectiles que no se utilizó en la práctica para utilizarlo en otros ejercicios previstos tres días después. Uno de los brigada fallecidos retiró la espoleta del proyectil como medida de seguridad y cuando, con la ayuda de un sargento, quitó el multiplicador con unos alicates y un destornillador para tirar de la cinta metálica se produjo la explosión.

«Decisión adecuada»

Según la sentencia, la mayor parte de los testigos coincidieron en que «la decisión de dejar momentáneamente los proyectiles en la nave Sedex a cargo de los especialistas en desactivación, mientras gestionaba la devolución al polvorín, fue adecuada y razonable el día de los hechos».

En la explosión fallecieron los brigadas Antonio Navarro García y Manuel Velasco Román, y el sargento José Francisco Prieto González. Todos, condecorados a título póstumo con la cruz militar distintivo amarillo, eran desactivadores de explosivos y tenían amplia experiencia en misiones internacionales.

En primera instancia, el Juzgado de lo Togado Militar Territorial 23 resolvió en 2015 imputar al jefe de los artificieros, pero en octubre pasado el Tribunal Territorial Militar Segundo concluyó que esa decisión no estaba en el origen de la deflagración y acordó el sobreseimiento provisional para el capitán, defendido por el abogado Antonio Suárez-Valdés. Fiscalía y Abogacía del Estado apoyaron también el archivo.

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