El Supremo acusa a Bélgica de «falta de compromiso» por no entregar a los exconsejeros

La justicia belga rechaza las euroórdenes contra Comín, Serret y Puig por un «defecto de forma» al no existir orden previa de detención nacional

A. LORENTE / M. BALÍN BRUSELAS / MADRID.

El Tribunal Supremo recibió ayer con perplejidad la argumentación dada por la justicia belga para denegar las órdenes europeas de entrega dirigidas contra los exconsejeros de la Generalitat catalana Toni Comín, Merritxell Serret y Lluís Puig, procesados en la causa del 'procés' por los delitos de malversación de caudales públicos, rebelión (Comín) y desobediencia (Serret y Puig).

En la Sala Segunda (Penal) del Alto Tribunal cundía ayer la incomprensión después de conocer que la Cámara del Consejo de Bruselas (juzgado de primera instancia) rechazaba la tramitación de la euroorden firmada por el juez Pablo Llarena por un «defecto de forma». Con el visto bueno de la Fiscalía belga, el juez estimó el alegato de las defensas de los procesados al considerar que la euroorden tramitada por la justicia española no tiene «equivalencia» con una orden de detención nacional.

Para ello, los abogados de los exconsejeros centraron su defensa en la jurisprudencia marcada en el caso del ciudadano rumano Nicolás Bob-Dogi, que atropelló a un motociclista en Hungría y huyó a su país en 2013, que estableció la obligación de incluir en una orden de detención europea información relativa a la existencia de una orden de detención nacional previa y distinta a la primera. Una circunstancia que no ha debido de ocurrir en el caso del 'procés', según el abogado del exconsejero Puig, Jaume Alonso-Cuevillas, que también lleva la defensa legal del expresidente Carles Puigdemont ante la justicia alemana.

El letrado explicó ayer que la primera euroorden, la emitida por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, sí era correcta en las formas. Pero que cuando el juez Llarena decidió retirarla también decayó la orden nacional que la acompañaba. «Cuando cursa la segunda euroorden la basa en un auto de procesamiento, pero no emite una orden de detención interna, nacional, que responda, que sea la base sobre la cual se ampare la euroorden», explicó ayer. Una cuestión de forma y un error que ha llevado al rechazo de las extradiciones.

A la espera de conocer los detalles de esta resolución, fuentes del Supremo reprocharon ayer de manera no oficial al juez belga su «falta de compromiso» con la obligada colaboración judicial con España. Estas fuentes recordaron que el 21 de marzo pasado se dictó un auto de procesamiento contra los exconsejeros en donde se expresaban los hechos y los argumentos jurídicos por los que se les consideraba definitivamente encausados. Por lo tanto, explicaron las citadas fuentes, en esa resolución el instructor Llarena ya adoptaba la medida cautelar de prisión en caso de ser detenidos.

Sobre esa misma argumentación del auto de procesamiento, y a petición de la Fiscalía del Supremo español, el 23 de marzo se dictó un auto ordenando librar las órdenes europeas de detención amparadas en el citado auto de procesamiento. Sin embargo, la justicia belga parece haber desdeñado esta explicación o simplemente solo ha tenido en cuenta la ausencia de órdenes previas de arresto nacional contra los exconsejeros procesados, según comunicó ayer la Fiscalía belga.

Las mismas fuentes recordaron que solo el desconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico, pese a la explicación dada como información suplementaria, permite obviar el auto de procesamiento en el que descansa la euroorden, pese a que este mecanismo descansa en la confianza mutua entre los órganos judiciales de los Estados miembro.

Mirando a Alemania

Pero las defensas estaban ayer tan exultantes con el resultado en Bélgica que ya daban por válida esta estrategia para Puigdemont, en Alemania, y Clara Ponsatí, en Escocia. «Técnicamente estamos en la misma situación. No quiero anticipar lo que pueda pasar en Alemania. Es otro escenario y cada Estado tiene su propio ordenamiento jurídico y normas procesales que condicionan el debate y no tenemos todavía un calendario definido, pero hoy por hoy la situación es idéntica», aseguró el abogado del expresidente.

No obstante, a Alonso-Cuevillas se le olvidó comentar que sobre Puigdemont sí pesa una orden nacional de detención previa, que está vigente pese a la retirada de la primera euroorden. Aunque la Fiscalia belga crea, y a este clavo se ha cogido el letrado, que tras tramitarse la segunda euroorden por parte de Llarena éste debería haber actualizado la orden de detencion nacional.

¿Habrá una tercera intentona subsanando estas «irregularidades»? Pese al duro varapalo sufrido, el único consuelo para el Supremo es que la justicia continúa sin pronunciarse sobre el fondo del asunto. Esto no significa que cuando lo hagan, si es que al final lo hacen, el resultado será positivo para los intereses del Alto Tribunal, pero sí es destacable cómo en la primera euroorden, el Ministerio Público de Bélgica sí defendió la entrega por cuatro de los cinco delitos entonces imputados: rebelión, sedición, malversación y desobediencia. Quedó fuera prevaricación.

Entonces, había cinco mandatos de arresto y entrega ya que Puigdemont y Ponsatí sí estaban en Bruselas. Ahora, solo quedan tres y con distintas calificaciones procesales.

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