Los soberanistas sopesan convocar el fin de semana el Pleno de la independencia

Manifestación en Barcelona. / Efe

Un sector del PDeCAT aboga por una proclamación en diferido para buscar en seis meses la mediación externa

Ramón Gorriarán
RAMÓN GORRIARÁNMadrid

Por primera vez en meses, el proceso soberanista en su vertiente política se tomó un respiro de 24 horas. El escenario y los dirigentes políticos estaban en la calle, en el "paro de país" en protesta por "la represión" policial del pasado domingo. Pero hubo contactos discretos entre el PDeCAT, Esquerra y la CUP para llegar a un acuerdo sobre la fecha para convocar el pleno del Parlamento de Cataluña que proclamará la independencia. Todo apunta que ese momento llegará este fin de semana.

El Gobierno de Carles Puigdemont hizo huelga y no se reunió como hace todos los martes. Todas las Consejerías e instancias oficiales estuvieron vacías. La Cámara legislativa era casi un páramo mientras una multitud se congregaba a sus puertas para pedir que la secesión se consume ya. El mensaje era muy claro y el líder de Omnium Cultural, Jordi Cruixart, lo sintetizó en una de las múltiples manifestaciones: "declaración de independencia sin más dilación".

El consejo nacional del PDeCAT, presidido por Artur Mas y Puigdemont, se reunió el lunes por la tarde y acabó por la noche. No hubo información de lo tratado, pero fuentes de la dirección del partido señalaron que no hay dudas sobre qué hacer, todos los que intervinieron apoyaron la declaración de ruptura con España. "No podemos dar un paso atrás porque nos destrozarán", señaló uno de los asistentes. "Hay que llegar hasta el final, pero hay que hacerlo bien", apostilló otro dirigente del PDeCAT.

Un importante grupo de dirigentes del partido de Mas y Puigdemont abogan por hacer una declaración de independencia rebajada o matizada para aprovechar los seis meses de "proceso participativo" que se abrirán a continuación para recabar apoyos internacionales y conseguir una mediación externa. Después de ese medio año se haría la proclamación oficial de la separación de España. Es la tesis de la declaración independentista en diferido, que Esquerra y la CUP no comparten.

Jornada festiva

En los contactos entre las fuerzas de Junts pel Sí y los anticapitalistas gana fuerza la idea de convocar el pleno el fin de semana, en jornadas no laborables para que la declaración se vea arropada por una multitud que se convocará para que acudan al parque de la Ciudadela, donde se ubica el edificio del Parlament. Aunque algunas voces defienden que se reúna la Cámara el viernes 6 de octubre para que coincida con la proclamación de la república catalana ese mismo día de 1934 por parte de Lluis Companys desde un balcón del Palau de la Generalitat. Pero esa alternativa no recogió demasiados apoyos, aunque tampoco se descartó.

La CUP se sumó a las plataformas cívicas soberanistas y también exigió no perder más tiempo y no enredarse con los formalismos de la ley del referéndum. Norma anulada por el Constitucional, pero que establece que a las 48 horas de la proclamación de los resultados de la votación del domingo debe reunirse el Parlamento para formalizar la independencia. El problema es que ni hay junta electoral ni organismo que pueda certificar el escrutinio oficial. El Gobierno de Puigdemont anunció la creación de una comisión de notables, académicos y catedráticos de prestigio, que ejercerían esa labor, pero de su existencia no hay noticias. Además, como recordaron desde el Gobierno catalán, hoy había huelga y tampoco hubo recuento de papeletas.

Un paro patrocinado desde la Generalitat, porque si bien estaba convocado en protesta por la actuación de las fuerzas de seguridad, es un eslabón más del proceso para hacer una nueva demostración de músculo en la calle. El Gobierno catalán anunció que no descontaría el día de sueldo a sus funcionarios que hicieran huelga y, por supuesto, ningún trabajador público de la Generalitat fue a trabajar. El Ministerio de Hacienda salió al quite y advirtió que de eso nada, que no pagaría. El departamento de Cristóbal Montoro tiene intervenidas las cuentas del Ejecutivo catalán desde hace dos semanas y asumió el pago de las nóminas, pero para retener el desembolso debería tener controlados a los trabajadores que no acudieron a sus puestos de trabajo.

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