El soberanismo prefiere aprobar las leyes de ruptura con España en el Parlament

El Gobierno de Puigdemont cree que los grupos de Junts pel Sí y la CUP deben tener el protagonismo legislativo

CRISTIAN REINO

barcelona. El Gobierno de Carles Puigdemont y los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP se preparan para aprobar la ley del referéndum en el pleno del Parlamento autonómico del 6 y 7 de septiembre. Entre los independentistas crece la sensación de que dar luz verde a las normas de ruptura mediante un decreto ley restaría solemnidad a un paso trascendental para la segregación. Después solo quedará la firma de la convocatoria del referéndum.

Todo apunta a que el próximo miércoles será validada la ley del referéndum una tramitación exprés en el pleno del Parlamento autonómico. Será el paso previo a que Puigdemont rubrique ese mismo día el decreto que llamará a los catalanes a votar sobre la independencia en el referéndum del 1 de octubre.

Tres destacados actores del proceso soberanista dejaron ayer entrever algunas pistas sobre la estrategia del secesionismo en su desafío al Estado. La portavoz del grupo de Junts pel Sí, Marta Rovira, afirmó que la semana que viene es la «ideal» para aprobar la ley del referéndum porque hay previsto un pleno el miércoles y el jueves.

En realidad, los independentistas tampoco tienen muchas más opciones si quieren llegar a la Diada del 11 de septiembre con los deberes hechos y empezar la campaña electoral el día 15. En la Cámara catalana ya existe un precedente reciente de alteración del orden del día del pleno en el último momento, incluso en marcha, y por tanto esta podría ser la fórmula para incluir la votación de la ley del referéndum sin previo aviso. Ese es el plan A.

La presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, fue más allá y reveló el plan B al dar a entender que la Mesa admitirá a trámite la ley del referéndum «próximamente». Forcadell, que está doblemente imputada por desobediencia, aseguró que defenderá la «soberanía» del Parlamento y que no permitirá que la censura entre en el hemiciclo, que es como decir que no atenderá la suspensión que pesa sobre la reforma del reglamento de la Cámara.

El consejero de la Presidencia y portavoz gubernamental, Jordi Turull, acabó de completar el puzzle. Los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP, dijo, deben tener «el peso de la decisión» de aprobar la ley del referéndum. «El Govern -agregó- se adaptará a estas decisiones». Por tanto, a pesar de que no descarta el decreto gubernamental como opción última para aprobar la ley, el portavoz de la Generalitat también se inclinó por que la ley pase por la Cámara catalana, como pide, sobre todo la CUP.

La del miércoles se prevé una jornada de vértigo. La Cámara autonómica debatirá presumiblemente, votará y aprobará la ley del referéndum en pocas horas y acto seguido, en cuanto la norma salga publicada en el Diario Oficial de la Generalitat, Puigdemont estampará su firma en el decreto de convocatoria. Tanto él, que tiene cinco advertencias del Constitucional de que no puede tomar ninguna iniciativa sobre el referéndum, como Forcadell y los soberanistas de la Mesa de la Cámara habrán cruzado el Rubicón, con el riesgo de ser querellados.

A por todas

Están dispuestos a asumir las consecuencias, sean las que sean, en palabras de Forcadell, y avisan de que los recursos y las querellas no lograrán su objetivo de frenar el proceso. Desde Copenhague, el presidente de la Generalitat, que se reunió ayer con grupos políticos del Parlamento danés en su segunda jornada en la capital nórdica, acusó al Gobierno central de ser «poco realista» por pensar que la estrategia judicial detendrá «un proceso que se viene musculando desde hace seis años con contundencia, solidez, solvencia y transversalidad».

Puigdemont advirtió a Mariano Rajoy de que el referéndum se celebrará porque «es un deber político del Gobierno y del Parlamento» y tachó «de innovación jurídica» que el Ejecutivo central ya haya anunciado que recurrirá la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica cuando todavía no han sido aprobadas. El Estado «no tiene fuerza suficiente» para parar el referéndum, remató en la misma línea Forcadell.

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