El soberanismo ignora a sus propias instituciones y ya solo obedece al Parlament

La Generalitat ha desoído una decena de dictámenes y avisos de los servicios jurídicos de la cámara o del Consejo de Garantías Estatutarias

A. AZPIROZ / C. REINO MADRID / BARCELONA.

No importa que institución trate de cruzarse en su camino hacia la secesión. El independentismo considera que su mayoría absoluta en el Parlament, en escaños que no en porcentaje de votos, le legitima para tomar cualquier decisión que le acerque un paso más hacia la república catalana. En lo que se refiere a las instituciones del Estado, el anuncio de la desobediencia se lanzó hace meses, aún cuando puede acarrear inhabilitaciones o incluso penas de cárcel para quienes lo lleven hasta sus últimas consecuencias. Eso no impide que el presidente Carles Puigdemont asegurase el mes pasado que solo está dispuesto a reconocer una inhabilitación si le llega de la cámara autonómica.

El consejero de Territorio de la Generalitat, Josep Rull, también fue claro el pasado martes cuando afirmó que el Gobierno catalán ignorará la suspensión de la ley del referéndum que, presumiblemente, ordenará el Tribunal Constitucional en cuanto la norma sea admitida a trámite por la Mesa del Parlament, algo que podría ocurrir este miércoles. «Lo que haremos como Govern es obedecer una ley que ha sido aprobada por el Parlament de Cataluña y le daremos plena vigencia», dijo Rull.

Pero el desacato del soberanismo no solo afecta a las sentencias o dictámenes que llegan desde Madrid. En los últimos dos años, la Generalitat ha hecho caso omiso a una decena de advertencias de órganos consultivos catalanes, los mismos que en un futuro independiente deberían ejercer las funciones de máximos órganos judiciales de Cataluña.

Se ha hecho caso omiso del aviso de la ilegalidad de la consulta o de la reforma del Reglamento

Una larga lista

Una de las instituciones desdeñadas ha sido el Consejo de Garantías Estatuarias, encargado de velar por la adecuación al Estatuto y a la Constitución de las disposiciones de la Generalitat y que está compuesto por juristas de reconocido prestigio designados por el presidente del Gobierno catalán a propuesta del propio Ejecutivo y del Parlament. Pese a esta vinculación con la Generalitat, el consejo ha fallado en distintas ocasiones contra las medidas aprobadas para allanar el camino hacia la desconexión. La primera vez que lo hizo fue en 2015, cuando consideró que cinco enmiendas a la ley de acompañamiento de los Presupuestos violaban la legalidad por prever la construcción de estructuras de estado. Fue la primera de una extensa lista de llamadas de atención al independentismo, que ha burlado estos avisos en ocasiones y en otras simplemente los ha ignorado.

La última ocasión en la que la mayoría que forman Junts pel Sí y la CUP desafió al también conocido como Constitucional catalán fue el pasado julio. Entonces, este órgano declaró ilegales varios aspectos de la Ley del Código Tributario, esencial en los planes secesionistas ya que es la norma sentará las bases para que una futura república pueda hacerse cargo de sus impuestos. Trece días antes, había dado un nuevo varapalo a la Generalitat al afirmar que la reforma del Reglamento del Parlament, la misma que el Constitucional ha dejado en suspenso, limita el debate y el derecho de las minorías parlamentarias.

Otra de las figuras que ha sido ignorada es el letrado mayor del Parlament. Los servicios jurídicos de la cámara catalana han advertido de las consecuencias de desobedecer las órdenes del Tribunal Constitucional o han puesto en duda la credibilidad de la consulta unilateral convocada para el 1 de octubre. Pero Junts pel Sí y la CUP no se han dado por enterados.

Pese a hacer caso omiso de estos órganos, la Generalitat presume de respetar sus instituciones. «Nos marcáis una guía de conducta que buscamos siempre la manera de cumplirla», afirmó el pasado julio Puigdemont después del dictamen que puso en entredicho la reforma del Reglamento del Parlament.

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