Mas y siete subordinados deberán afianzar 5,2 millones en 15 días o serán embargados

Artur Mas aplaude ante una estelada en un acto electoral de 2015. :: GERARD JULIEN / afp/
Artur Mas aplaude ante una estelada en un acto electoral de 2015. :: GERARD JULIEN / afp

Los investigados ven «intimidatorio, aberrante y un abuso» el expediente del Tribunal de Cuentas sobre el gasto público en la consulta ilegal del 9-N

MATEO BALÍN

madrid. La consulta popular del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña, suspendida primero y declarada ilegal meses después por el Tribunal Constitucional, le va a salir muy cara a sus responsables, empezando por el expresidente de la Generalitat Artur Mas, condenado por un delito de desobediencia por estos hechos a dos años de inhabilitación.

La delegada instructora del Tribunal de Cuentas dio a conocer ayer el acta de liquidación de la consulta del 9-N, pagada con dinero público de la Generalitat, una vez que ha concluido la investigación. Los abogados de los expedientados acudieron a la sede del órgano fiscalizador para conocer la factura, que asciende a 5,25 millones de euros: 4,83 millones por los daños ocasionados a los fondos públicos y 420.349 euros por los intereses generados en estos cerca de tres años.

La instructora responsabiliza directamente a Artur Mas por todos los gastos de aquella consulta como presidente. En concreto, por las partidas dispuestas por sus subordinados, entre ellos los exconsejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, condenados también por un delito de desobediencia. Los ocho expedientados al finalizar la instrucción (el caso de dos interventores ha sido archivado) tendrán ahora 15 días para depositar de forma directa y solidaria las cantidades que se les reclama. En caso contrario, se procederá al embargo de sus bienes para garantizar el pago en caso de una futura condena.

De las nueve partidas destinadas al 9-N, la delegada instructora exige una fianza directa y solidaria (conjuntamente) a dos o más investigados. Pero en el caso de Más, como máximo responsable entonces de las cuentas públicas catalanas, aparece en todas las partidas bajo sospecha, es decir, tendría que hacer frente con sus bienes personales al pago de la fianza en el supuesto de que sus compañeros no lo hagan.

Así, a Mas se le atribuyen 5,25 millones a pagar de forma solidaria con el resto de expedientados; a Irene Rigau, responsable de la adquisición de los ordenadores y de los servicios informáticos, 3,04 millones; a Francesc Homs, 2,1 millones correspondientes a cuatro gastos distintos; y a Joana Ortega, cinco partidas equivalentes a 839.439 euros.

Dos millones recaudados

Tras conocer la decisión de la instructora del Tribunal de Cuentas, Mas, Homs, Rigau y Ortega emitieron un comunicado conjunto en el que tachan la resolución de «auténtica aberración». «No tiene fundamento jurídico, solo busca intimidar y es una operación de abuso del Estado». La plataformas independentistas de ANC y Ònmium abrieron una caja de solidaridad la semana previa a la Diada y ayer aseguraron en un comunicado que ya han recaudado dos millones de euros, por lo que faltarían 3,2 en los próximos 15 días para evitar el embargo.

La denuncia de Sociedad Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes se justificaba en que, aunque Mas y sus consejeros ya habían sido condenados por desobedecer al Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les eximía de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público. También la sentencia condenatoria del Supremo contra Homs dejaba esta puerta abierta.

En concreto, los denunciantes individualizaban una serie de gastos públicos por más de 5,1 millones de euros en las siguientes partidas: construcción de una página web institucional, material para la votación, adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de la votación, póliza aseguradora para voluntarios, apoyo informáticoa la consulta y envío de información.

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