Siete juzgados catalanes ya investigan a los Mossos por su pasividad

Agentes de la Guardia Civil y de los Mossos se enfrentan en un colegio de Gerona. :: r. c.
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Agentes de la Guardia Civil y de los Mossos se enfrentan en un colegio de Gerona. :: r. c.

La Policía autonómica, que se volcó en proteger la consulta, llegó a enfrentarse a las Fuerzas de Seguridad

ÓSCAR B. DE OTÁLORA

barcelona. Durante todo el día de ayer se pudo ver en muchos colegios de Barcelona cómo coches patrulla de los Mossos d'Esquadra pasaban junto a las colas de votantes y tocaban el claxon para mostrar su solidaridad con los convocantes del referéndum ilegal. En otros centros, los propios agentes catalanes incluso aconsejaban a los soberanistas cómo actuar y la forma en la que debían custodiar los locales para que no dieran una sensación de poca presencia y facilitar así la llegada de la Policía y la Guardia Civil.

La colaboración entre mossos y soberanistas ya había empezado por la mañana, cuando les permitieron que las urnas ilegales llegasen sin problemas a los colegios y continuó, en su máxima expresión, cuando incluso discutieron con los agentes antidisturbios que pretendían cumplir las órdenes judiciales y desalojar los espacios de votación.

Se vivieron escenas de tensión, con agentes de uno y otro cuerpo encarándose entre ellos y forcejeando. Sin la colaboración de los policías catalanes, la consulta habría tenido otro cariz.

Ante la supuesta pasividad de los policías autonómicos a la hora de cumplir las órdenes judiciales que habían declarado ilegal el referéndum independentista, siete juzgados catalanes están investigando. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del Cataluña, además, estudia presentar una querella contra los mandos del cuerpo y los cinco sindicatos de la Policía Nacional también han anunciado acciones legales contra los superiores de los Policías autonómicos y también contra los propios agentes. En un duro comunicado conjunto, los representantes de los agentes consideran que la actuación de los Mossos fue obstruccionista y les culpan de haber dificultado activamente la labor de las Fuerzas de Seguridad del Estado. También la Asociación Unificada de la Guardia Civil ha anunciado que se querellará contra los Mossos.

En ese contexto, el Gobierno de Mariano Rajoy ha mantenido una postura más prudente. Ni el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ni la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, quisieron pronunciarse ayer sobre la actuación concreta de los mossos. Ambos dirigentes enmarcaron la actuación de los agentes catalanes en las disposiciones emanadas de la Generalitat, sin querer fustigar a un cuerpo que desde ayer se encuentra en el centro de la polémica.

Los hechos que se vivieron en Cataluña durante todo el día no tienen precedentes en la democracia española en cuanto a lo que suponen de enfrentamiento entre cuerpos policiales y de falta de respuesta ante exigencias judiciales. En medios de las fuerzas de seguridad se señala directamente al mayor Josep Lluis Trapero como el responsable de esta actuación, tanto por sus órdenes escritas -que han sido consideradas de una ambigüedad calculada para que tuvieran la apariencia de cumplir la legalidad pero a su vez permitieran actuar a los agentes con una liberalidad absoluta- como por los mandatos verbales que pudieran recibir los agentes de sus superiores.

Una de las grandes paradojas de la actuación de los Mossos d'Esquadra es que habían recibido la directriz de no actuar si su intervención podía causar incidentes de orden público. Pero días atrás ya sabían que todas las concentraciones en los colegios iban a ser pacíficas. Además, cuando ayer acudían a los centros de voto, los convocantes les hacían saber que pretendían aplicar una estrategia de no resistencia y no enfrentamiento. No existía por tanto posibilidad de disturbios.

Los sindicatos de los Mossos d'Esquadra, que ayer guardaron un silencio sepulcral, eran conscientes de esta situación. Muchos de ellos abrieron ayer sus sedes y convocaron allí a asesores jurídicos para atender las consultas que pudieran recibir de sus afiliados sobre cómo debían actuar. Lo cierto es que ni un policía catalán participó en operaciones que supusieran el cumplimiento de los mandatos judiciales. Las únicas urnas requisadas por un cuerpo distinto a la Guardia Civil o la Policía Nacional fueron incautadas por la Policía local de Hospitalet de Llobregat, donde gobierna el PSC.

La actuación de los agentes autonómicos se resume en el modo en el que fueron tratados a lo largo del día por los convocantes del referéndum. Desde primeras horas fueron recibidos como héroes en los centros electorales ocupados de forma ilegal y cada vez que aparecían en las zonas habilitadas para votar eran saludados por una salva de aplausos. En muchas ocasiones también se oían gritos como «Viva los mossos». Y en algunos colegios los agentes se limitaron a observar cómo las urnas prohibidas eran trasladadas por los soberanistas. Se alejaron cuando comprobaron que ya habían entrado en los espacios en los que se iba a celebrar la consulta ilegal.

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