El 6 y 7 de septiembre se vulneraron los derechos de los diputados catalanes

El Constitucional declara nulos los acuerdos de la mesa por rechazar la petición de un informe del Consejo de Garantías sobre la ley de ruptura

C. REINO BARCELONA.

El 6 y el 7 de septiembre del año pasado, dos de los días clave del proceso soberanista, en los que el Parlamento catalán aprobó las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, no solo saltaron por los aires la Constitución y el Estatuto de autonomía sino que además en la tramitación parlamentaria de sendas normas se vulneraron los derechos de los diputados.

El Tribunal Constitucional, que ya anuló en su día la ley que pretendía dar cobertura legal a la consulta independentista del 1-O y la que sentaba las bases del nuevo Estado, concluye ahora, casi seis meses después, que las citadas normas de la desconexión no se tramitaron debidamente. En concreto, los magistrados consideran -en una decisión adoptada por unanimidad- que la Cámara autonómica vulneró los derechos de los parlamentarios a ejercer su función representativa y los de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos al rechazar la petición que hizo el PSC de llevar la ley de transitoriedad al Consejo de Garantías Estatutarias, el Constitucional catalán, antes de su aprobación en el polémico pleno de septiembre.

Y, por tanto, el alto tribunal declara inconstitucionales y nulos los acuerdos adoptados por la Mesa de la Cámara catalana cuando rechazó la petición del grupo socialista de recabar el dictamen del Consejo de Garantías.

Según el Constitucional, eliminar de la tramitación de una norma la solicitud de informe al organismo autonómico que vela por la constitucionalidad de las leyes afecta al núcleo esencial de la función parlamentaria. Las leyes del referéndum y la fundacional de la república y de transitoriedad fueron aprobadas sin permitir a la oposición acudir al Consejo de Garantías y en medio de una sonora bronca en el Parlamento de Cataluña, que vivió las dos jornadas más crispadas de su historia con continuas interrupciones y peticiones de reconsideración.

La entonces presidenta del Parlamento autonómico, Carme Forcadell, forzó a su antojo el reglamento allanando el camino a lo que llegaría después: la celebración de un referéndum declarado ilegal y la proclamación de la república catalana el pasado 27 octubre.

La sentencia recuerda además que la «función primordial» de toda asamblea parlamentaria es «representar a la ciudadanía» atendiendo las reglas jurídicas, lo que asegura el ejercicio de los derechos y facultades de los diputados y «el necesario respeto de las minorías».

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos