La sentencia del 'caso Palau', radiografía de una época de poder

El juez determinará hoy si Convergència cobró comisiones ilegales de Ferrovial a través de la entidad cultural

C. REINO

barcelona. Empezó siendo el 'caso Palau' y acabó por convertirse en la causa contra Convergència. La sentencia del expolio millonario perpetrado contra el Palau de la Música, uno de los templos del soberanismo político, determinará hoy si CDC, partido que gobernó Cataluña durante casi tres décadas y cuyos herederos sobreviven en el PDeCAT y en Junts per Catalunya, cobró comisiones ilegales por valor de 6,6 millones, se financió de manera irregular y se benefició de un modus operandi que ya denunció Pasqual Maragall cuando aireó en 2006 que «ustedes tienen un problema, que se llama 3%». En el Palau, las comisiones llegaban, según confesaron los acusados en el juicio, al 4%. El 2,5% iba para el partido de Pujol y Mas, y el 1,5% restante se lo embolsaban Félix Millet y Jordi Montull. Saqueadores confesos que se enfrentan a catorce años de prisión tras pactar con la Fiscalía una rebaja de pena por reconocer que CDC cobró comisiones de la constructora Ferrovial, a través de la entidad cultural, a cambio de obra pública.

La sentencia llega casi nueve años después de que estallara el escándalo con la irrupción de los Mossos d'Esquadra en una de las instituciones que en Cataluña se consideraba sagrada. La Audiencia de Barcelona despejará en su sentencia una de las incógnitas que han marcado la política catalana durante esta última década: si CDC y su extesorero son condenados por el cobro de comisiones. Convergència está acusada de ser responsable subsidiaria a título lucrativo del desfalco. Daniel Osácar, su extesorero, se enfrenta a ocho años de prisión. Si la formación es declarada culpable deberá afrontar una fuerte multa, de ahí que tenga una quincena de sedes embargadas, como aval.

Diga lo que diga el fallo judicial, el caso Palau ha tenido graves consecuencias para CDC en estos últimos años, hasta el punto de provocar su desaparición. El partido tuvo que reinventarse y refundarse bajo otras siglas (PDeCAT) para alejarse de la sombra de la corrupción. Su máximo dirigente, Artur Mas, que cogió las riendas tras Jordi Pujol, abandonó el sábado la presidencia del PDeCAT en una especie de dimisión preventiva para dejar paso a nuevos actores y poner fin a una etapa.

Está por ver cómo influye una condena de los convergentes en tensas las relaciones que el PDeCAT y Junts per Catalunya mantienen con Esquerra y la CUP para la investidura del presidente de la Generalitat, pues estos dos partidos siempre han sido muy críticos con sus socios por los casos de corrupción.

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