La sentencia contra CDC no altera los planes de los independentistas

Artur Mas. :: Q. GARCÍA / EFE/
Artur Mas. :: Q. GARCÍA / EFE

Mas afirma que la formación nacionalista ya ha asumido las responsabilidades políticas y el PDeCAT se desmarca

CRISTIAN REINO BARCELONA.

El PDeCAT, formación que es heredera de CDC, se desmarcó ayer de la sentencia que condena a Convergència y de ninguna manera se dio por aludida, a pesar de las fuertes críticas de los grupos de la oposición, que reclamaron responsabilidades al más alto nivel, entre otros, a Carles Puigdemont, Jordi Turull o Josep Rull, dirigentes que aún se mantienen en primera línea política en el partido y en la lista electoral de Junts per Catalunya.

El argumento que esgrimieron los neoconvergentes fue que el partido presidido por Neus Munté es nuevo y que los líderes de Convergència ya afrontaron sus consecuencias políticas en el pasado. La sentencia «tiene que ver con Convergencia, una formación política que ya ha asumido todas las responsabilidades políticas de un asunto que es anterior al año 2010», «el PDeCAT es una formación nueva, creada en 2016», afirmaron en una nota informativa.

Artur Mas, que la semana pasada renunció a la presidencia del PDeCAT, en lo que ya se interpretó como una dimisión preventiva para proteger al PDeCAT de una eventual condena para CDC, insistió en defender la honorabilidad de Daniel Osàcar, el extesorero de la formación condenado a cuatro años de prisión, y reiteró que el partido no cometió nunca ninguna irregularidad en la adjudicación de obra pública. También aseguró que no esperaba una sentencia tan dura.

Ada Colau cree que Puigdemont debería asumir responsabilidades por el caso Palau

En ERC y la CUP, aunque en lo formal trataron de ser contundentes, no cargaron las tintas sobre el PDeCAT, su socio para la próxima legislatura, y desvincularon el caso Palau del independentismo. La sentencia, según dejaron claro, no alterará sus planes de sellar una alianza entre las fuerzas secesionistas para formar un nuevo gobierno soberanista. «Quien tenga que asumir responsabilidades, que las asuma», se limitó a decir ERC. Los anticapitalistas afirmaron que «las sombras sobre el PDeCAT continúan», pero no fueron más allá de pedir explicaciones.

En la oposición, en cambio, aprovecharon el fallo judicial para cargar con toda la dureza contra los neoconvergentes. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aseguró que Carles Puigdemont «debería considerar dejar la función pública». Para los comunes, el caso Palau es la «Gürtel de CDC». «Mas y Puigdemont deben dar la cara por el 3%, pedir perdón y devolver el dinero», según los socialistas catalanes. «Exigimos explicaciones a Mas y Puigdemont como máximos responsables, uno en la época en que se produjo el expolio y otro como máximo responsable actual de Junts per Catalunya, de la que forma parte esencial el PDeCAT, sucesor de CDC», apuntaron desde el PSC.

Ciudadanos, mientras, señaló que el fallo condenatorio confirma que Convergència fue una «organización delictiva» cuyo fin era «saquear a los catalanes» en beneficio propio. La formación naranja acusó a Carles Puigdemont de no haber levantado ni un dedo para denunciarlo.

El PP, por su parte, arremetió contra el soberanismo, de forma general. «Cuando hablaban de patria, en realidad hablaban de patrimonio y expolio», dijeron.

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