Todos señalan a Puigdemont

El juez  Pablo Llarena el jueves en un acto en Oviedo. :: mario rojas/
El juez Pablo Llarena el jueves en un acto en Oviedo. :: mario rojas

Cuatro meses después de comenzar la causa penal al 'procés' el núcleo de los 28 investigados atribuyen la deriva ilegal al expresidente huido

MATEO BALÍN

Pablo Llarena, instructor en el Tribunal Supremo de la causa que se sigue contra el proceso político ilegal de Cataluña, se dejó ver el pasado jueves en Oviedo por vez primera desde que asumió la investigación hace casi cuatro meses. Poco dado a los focos en este periodo - «ha preferido hablar a través de sus autos», comentan desde su entorno-, el juez burgalés criado profesionalmente en Barcelona acudió a unas jornadas sobre delitos económicos celebrada en el lustroso hotel de La Reconquista, organizada por un concesionario de vehículos en Asturias.

Acompañado por dos magistrados y un catedrático de Derecho Penal, Llarena se mojó sobre dos de sus decisiones más controvertidas de cuantas ha tomado desde que asumió el caso el pasado 31 de octubre: la retirada de la orden europea de detención y entrega contra al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros, huidos en Bélgica, que fue dictada por su compañera en la Audiencia Nacional Carmen Lamela antes de trasladar parte de la causa al Supremo; y la orden nacional de detención a la exdirigente de la CUP Anna Gabriel, tomada el pasado miércoles tras no acudir a declarar como investigada tras irse a Suiza.

«La euroorden no ha fallado porque no se ha cursado. Las órdenes de detención internacional no deben cursarse por sospechas, sino el día en que se sabe que los hechos tienen indicios racionales de haberse perpetrado. Por lo tanto, el objetivo primero es esclarecer unos hechos y después determinaremos qué procede», aseguró Llarena a los asistentes a las jornadas en Oviedo.

De sus primeras palabras tras hacerse cargo de la instrucción del 'procés' -la causa más importante de cuantas se han abierto en los últimos 30 años, según comentan desde la cúpula judicial-, se deduce que el juez quiere engordar el armazón incriminatorio para volver a la carga contra Puigdemont, a quien el núcleo central de los 28 investigados han señalado directa o indirectamente como el principal responsable de su oscuro horizonte procesal (esta semana Artur Mas, Marta Rovira o el exjefe de los Mossos Josep Lluis Trapero en la Audiencia y antes en sus escritos Joaquim Forn).

Para ello, el juez está a la espera de «importantes» informes de la Guardia Civil, que hace las veces de Policía Judicial en este caso, para sumar nuevos indicios a los delitos que instruye: rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

Los dos primeros, o al menos uno, parece evidente que serán vistos en la fase de juicio oral porque existe una prueba de cargo fundamental. Se trata del documento 'Enfocats', la hoja de ruta para la independencia seguida por el «comité estratégico» del 'procés'. Fue intervenida en la 'operación Anubis' del 20 de septiembre en el despacho de Josep Maria Jové, 'número dos' del exvicepresidente Oriol Junqueras, uno de los cuatro investigados que se encuentran en prisión preventiva.

Pese al intento de las defensas de los 28 encausados (seis están huidos) de minimizar el documento de Jové y sus anotaciones en la agenda personal, el juez, la Fiscalía y la acusación popular ejercida por el partido VOX le dan una trascendencia nuclear. La razón es que lo que allí se dijo se fue cumpliendo, como la aprobación en el Parlament de las leyes de ruptura, la celebración del referéndum ilegal o la declaración unilateral de independencia votada por una mayoría simple de la Cámara catalana.

La malversación, aún 'verde'

En cualquier caso, hasta la fecha ni las acusaciones han pedido la citación de Jové ni el magistrado lo ha incluido en la lista de investigados. Ello pese a que su teléfono intervenido ha grabado conversaciones indiciarias con muchos señalados.

Por este motivo no se entiende como Llarena no ha pedido para sí el sumario que se sigue en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, donde está imputado por rebelión el ex secretario general de Economía, entre otros. Más si cabe cuando este delito (hasta 15 años de prisión) tiene un carácter plurisubjetivo, es decir, tiene una pluralidad de partícipes y marca la necesidad del enjuiciamiento conjunto.

Mas 'verde' se encuentra el delito de malversación, según admiten fuentes del Supremo. De ahí las palabras de Llarena en el acto de Oviedo sobre la «necesidad de esclarecer los hechos, de tener indicios racionales» antes de retomar la euroorden o acudir al procedimiento de extradición contra Puigdemont, sus cuatro exconsejeros y Anna Gabriel.

Sobre este delito se está a la espera, entre otras diligencias, de un informe sobre tres cuentas corrientes abiertas por la Delegación de Cataluña ante la Unión Europea en la sucursal de Bruselas. En concreto, los detalles de tres transferencias efectuadas entre los días 21 de septiembre y 10 de octubre pasado por un importe de 140.000 euros.

Con este escenario, el juez ha preguntado esta semana a la Fiscalía si amplía hasta 18 meses más el tiempo de la investigación. Una circunstancia que dejaría en papel mojado la quiniela primaveral sobre el procesamiento de los investigados, que en el caso de los diputados supondría su inhabilitación provisional. Sería el caso de Junqueras o Jordi Sánchez, que tras cuatro meses de instrucción están en la cúspide incriminatoria junto a Puigdemont, Forn y Jordi Cuixart. En un segundo nivel quedan Carme Forcadell y los exconsejeros Raül Romeva, Carles Mundó, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa o Meritxell Borràs.

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