SEMANA ACIAGA

El 1 de octubre pudimos observar con tristeza una sociedad fracturada. Instigados por unos líderes que convocaron un referéndum ilegal e inconstitucional, miles de ciudadanos salieron a las calles a desafiar al Estado. Pese a que se aplastaron los derechos de la oposición en el Parlament, algunos incidieron en la imagen de las fuerzas del orden aplacando un acto que merecía ser aplacado. ¿Cómo es posible que no sea democrático votar y que sí lo sea reprimir al votante? Pues es muy sencillo: ¿qué dirían los independentistas si, en el fragor del momento, Rajoy convocase un referéndum para votar la supresión definitiva de la autonomía catalana y expulsar de España a los dirigentes de Esquerra? Dirían, con razón, que es un referéndum inconstitucional y antidemocrático que debe ser impedido, incluso por la fuerza. Semejante arbitrariedad soliviantaría a la mayoría de los españoles. Algo así sucedió el 1-O y, aunque miles de ciudadanos desafiaron a España, otros muchos miles permanecieron en casa angustiados, deplorando el referéndum.

Estos días, hemos visto a un Gobierno de la Nación atenazado. No es una circunstancia eximente -aunque sí atenuante- la prolongada deslealtad del principal partido de la oposición, que lleva catorce años -desde el inconfesable Pacto del Tinell- sustituyendo los grandes pactos de Estado por el compadreo con los radicales. A mi juicio, la solicitud de reprobación de la vicepresidenta es el último episodio de tal deslealtad.

En medio de tan dolorosas circunstancias, uno de los principales consuelos ha sido el mensaje del Rey. También Albert Rivera pronunció un excelente discurso el día 4, en el que dejó claro que no se puede seguir cediendo a las pretensiones de los independentistas. No nos engañemos: en el origen de la insubordinación nacionalista no está lo que se les ha sustraído sino lo que se les ha tolerado, unido a la pseudolegitimación que les otorga la falta de unidad de los demócratas. Necesitamos urgentemente que los grandes partidos nacionales vuelvan a determinar conjuntamente la política de Estado, dando siempre una lógica precedencia en la iniciativa al Gobierno, sea quien sea el que gobierne. Los pactos de Estado no se pueden sustituir por componendas con los radicales.

En fin, el pueblo español ha demostrado estos días su solidaridad con las víctimas que, en Cataluña, ven pisoteados sus derechos desde hace años. Viendo algunas pruebas de esa opresión «se nos ha helado el corazón», por retirarle a Puigdemont unas palabras que, en su boca, resultan infames. Hemos redescubierto que el respeto a una Constitución sustancialmente justa tiene un profundo fundamento moral, porque las leyes son expresión de nuestra naturaleza social. El apoyo sin fisuras a la aplicación de la ley democrática es conditio sine qua non para seguir adelante. Y finalmente, muchos de los vítores fervientes de unidad para esta España hermosa y diversa han demostrado ser estos días algo más que «charanga y pandereta», que diría Machado: son el amor de un pueblo por la concordia de sus leyes y por su cultura, a las que tanto debemos.

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