Sánchez mantendrá el apoyo a Colau aunque ceda locales

Los alcaldes del PSC firman un manifiesto en el que acusan a la Generalitat de señalarles por defender el cumplimiento de la ley

R. C. BARCELONA.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reprochó ayer a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que «a quince días» del 1 de octubre no haya sido clara sobre el papel que desempeñará el Ayuntamiento ni sobre su disposición a ceder locales para la votación que pretende celebrar la Generalitat al amparo de la ley del referéndum suspendida por el Tribunal Constitucional. Sánchez dejó claro que le gustaría que se sumara a los regidores del PSC en su negativa a facilitar la consulta ilegal pero también se mostró contrario a retirar el apoyo que le prestan en el gobierno los socialistas de Cataluña en caso contrario.

El PSC entró en el gobierno municipal en mayo de 2016, un año después de los comicios, tras sellar un pacto con Barcelona en Comú que permitió reforzar la posición de la alcaldesa Colau, entonces en débil minoría. En un desayuno organizado este martes por 'El Periódico de Cataluña', el líder del PSOE matizó que no es a él a quien corresponde tomar una decisión sobre la continuidad o ruptura de ese pacto pero defendió, en sentido genérico, que cuando uno se incorpora a un ejecutivo debe hacerlo «con todas las consecuencias» y que los socialistas asumieron en su momento el compromiso de mejorar la vida de los ciudadanos de Barcelona «hasta el final de la legislatura».

Sánchez alegó, en todo caso, que el papel de los primeros ediles es «fundamental» para que en Cataluña pueda abrirse una «ventana al diálogo» y reclamó a Carles Puigdemont que «deje de señalar alcaldes que están defendiendo las instituciones catalanas».

En esta línea, los alcaldes socialistas de más de 350 ciudades hicieron público ayer un manifiesto en el que reivindican el «derecho a la plena libertad de expresión sin intimidación, discriminación o amenazas, vengan de donde vengan» y acusan al Gobierno de la Generalitat de intentar traspasar a los ayuntamientos los preparativos del 1 de octubre para esconder su «debilidad política» y «culpar hipócritamente a aquellos que han decidido cumplir la ley».

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