Sánchez acusa al juez de bloquear su investidura por «puras intuiciones»

La defensa recurre ante la Sala Segunda del Supremo la negativa de Llarena a dejarle asistir al pleno para ser elegido presidente catalán

MATEO BALÍN

madrid. La defensa de Jordi Sànchez, candidato independentista a presidir la Generalitat catalana, remitió ayer un escrito de apelación ante la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo en contra de la negativa del juez Pablo Llarena a que se asista a la sesión de investidura en el Parlament, prevista inicialmente para ayer pero que fue aplazada el viernes tras la resolución del instructor de la causa del 'procés'.

En un escrito de ocho páginas, el abogado del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana centró su apelación en el rechazo del permiso especial para asistir al citado pleno. Una presencia obligatoria para poder ser investido presidente, según marcó el Tribunal Constitucional de forma cautelar en el caso del expresidente Carles Puigdemont, huido en Bélgica.

Por este motivo, el abogado de Sànchez, Jordi Pina, reclamó ayer a la Sala «celeridad» para resolver este recurso. La intención es que no se conculquen los derechos a la participación política del acusado. En concreto, la vulneración de los derechos fundamentales de su persona y de sus votantes, el ordenamiento constitucional, el pluralismo político, la autonomía política de Cataluña o la división de poderes que supone la denegación del permiso solicitado, según recoge el recurso.

Un «castigo anticipado»

La defensa se queja de que la privación de Sànchez para defender su candidatura comporta «la evidente imposición de un castigo anticipado, pues se le está incapacitando de facto para el ejercicio de un cargo público sin haber sido declarado culpable de ningún delito».

La crítica del abogado también se extiende a las menciones «de oportunidad política» que hizo el juez Llarena en su auto del viernes, «totalmente impropias de un sistema en el que rige la división de poderes». En concreto, cuando señaló que la candidatura de Junts per Catalunya «presenta otros integrantes» en la lista que no están investigados ni tiene medidas cautelares a diferencia de Sànchez.

El letrado critica que el juez haga referencia al riesgo de reiteración delictiva para no dejarle salir ni darle el permiso especial para acudir al pleno amparándose en «puras intuiciones personales». Y concluye que si el investigado preso desde octubre acude al Parlament le protege «la inviolabilidad reconocida constitucional y estatutariamente a los parlamentarios» a la hora de dirigirse a los diputados. Una circunstancia que Llarena «pasa por alto», remata el escrito a la Sala.

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