La Sala desoye las «razones humanitarias» del fiscal general y deja preso a Forn

M. BALÍN MADRID.

La «razones humanitarias» planteadas por el fiscal general Julián Sánchez Melgar no han sido suficientes para modificar la prisión preventiva del exconsejero catalán de Interior Joaquim Forn. La Sala Segunda (Penal) del Supremo acordó ayer desestimar los recursos de apelación planteados por su defensa y por la del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez, también en prisión sin fianza. En ambos casos, la Sala de Apelaciones, formada por tres magistrados, compartió el criterio del juez instructor Pablo Llarena de que se mantiene el riesgo de reiteración delictiva de ambos.

En el auto sobre Forn, el tribunal indicó que el recurrente mostró una especial determinación en la ejecución de los hechos delictivos durante cerca de dos años. En concreto, «incitar a los ciudadanos a votar en un referéndum ilegal como paso previo a la independencia a pesar de la oposición evidente del Estado, y a permitir el enfrentamiento físico de los ciudadanos con las fuerzas policiales» desplegadas el 1 de octubre.

La Sala recordó que Forn ocupó un cargo de especial responsabilidad como consejero, desde el cual se impulsaron y cometieron los hechos que indiciariamente se consideran delictivos, lo que le convirtió en uno de los referentes de sus partidarios, «situación que previsiblemente recuperaría si queda libre».

En relación con la posición mantenida por el fiscal, que solicitó la libertad bajo fianza de 100.000 euros, el tribunal respondió que el «nulo» riesgo de reiteración delictiva no vino acompañado «de argumento alguno de sentido contrario». Asimismo, aseguró que la enfermedad señalada por el fiscal general en su escrito, un positivo en la prueba de tuberculosis, «no consta a esta Sala ni fue alegada por la defensa».

La Sala subrayó la «magnitud de los indicios», el liderazgo del ex líder de la ANC en el proceso soberanista como representante de la sociedad civil y su desprecio entonces a la ley. Además, negó que se hayan vulnerado sus derechos políticos tras la fallida candidatura a presidir la Generalitat por estar preso por delitos «gravísimos».

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