Rovira revela al juez que pidió a Puigdemont suspender el 1-O y que el expresident se negó

La 'número dos' de ERC Marta Rovira tras declarar ayer como investigada en el Tribunal Supremo. :: efe/
La 'número dos' de ERC Marta Rovira tras declarar ayer como investigada en el Tribunal Supremo. :: efe

La secretaria general de Esquerra rebaja su papel «activo» en la consulta y queda en libertad bajo fianza de 60.000 euros

MATEO BALÍN MADRID.

La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, quedó ayer en libertad provisional bajo fianza de 60.000 euros tras declarar durante dos horas y media ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa contra el 'procés' soberanista en Cataluña. La diputada autonómica, investigada por su participación «activa» en el referéndum del 1 de octubre declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, reveló en su descargo que aquella jornada pidió expresamente al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que suspendiera la consulta ante la violenta actuación policial, pero que el expresidente de la Generalitat se negó para evitar males mayores.

Rovira fue la primera de los dirigentes independentistas citados esta semana en el alto tribunal, secuencia que tendrá su punto culminante mañana con la declaración de la exportavoz de la CUP Anna Gabriel si de Suiza. Hoy comparecerán además el expresidente de la Generalitat Artur Mas y la expresidenta de la Asociaciación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras.

Todos ellos son investigados por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos por su supuesta presencia en el comité estratégico del 'procés', según los indicios acumulados en el documento 'Enfocats', intervenido a Josep María Jové, mano derecha del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.

Precisamente, la número dos de Junqueras salió ayer airosa de su paso por el Supremo aunque tendrá que depositar en los próximos días 60.000 euros de fianza para no entrar en prisión por existir riesgo de reiteración delictiva. Tanto la Asamblea Nacional Catalana como Òmnium Cultural anunciaron que se harían cargo de este depósito gracias a la caja de solidaridad que impulsaron para causas relacionadas con el proceso soberanista.

Este fondo se nutre en teoría de donaciones ciudadanas, aunque la Guardia Civil, como Policía Judicial de la causa, esté escrutando sus cuentas por si hubieran cometido alguna irregularidad dado que reciben subvenciones públicas. La ANC en su día depositó los 150.000 euros de la fianza de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell para salir de prisión, y también las cauciones de otros seis exconsejeros.

Sin dar nombres del 1-O

Rovira hizo una declaración muy medida habida cuenta de su condición de abogada. No pisó ningún charco que afectara a su situación personal y centró su defensa en argumentos políticos y evitó dar nombres. La única excepción, y quizá este sea el hecho más relevante, es que relató que alrededor de la una de la tarde del 1 de octubre pidió al expresidente que ordenase la paralización de la consulta en vista de la actuación policial.

Esta petición la hizo en una reunión que convocó Puigdemont y en la que, según precisó, participaron sin dar nombres representantes de la CUP, de Junts pel Sí (ERC y PDeCAT) y miembros del Govern. Sin embargo, el entonces presidente de la Generalitat se negó a suspender la votación porque ya había demasiadas personas en las colas de los colegios y consideró, junto a otros presentes, que dejarles sin votar podía empeorar la situación.

Entrando en materia, Rovira se desvinculó de la redacción de la ley de Transitoriedad y la del Referéndum, anuladas por el Constitucional, pero recalcó que el Parlament trabajó en base a lo establecido por el derecho internacional. También fue cauta sobre los diferentes documentos e intervenciones telefónicas que la sitúan como pieza clave del 1-O. En concreto, sobre una llamada que recibió del responsable de organización de los colegios para la votación, respondió que esta persona se puso en contacto con ella como coordinadora política para pasarle una lista de centros disponibles, que trasladó a otra persona, que tampoco identificó.

Su abogado le cuestionó sobre una alusión hecha por la acusación popular en la causa, ejercida por el partido Vox, sobre la reunión que mantuvo con Puigdemont el 14 de noviembre en Bruselas y Rovira afirmó que le dijo que no iba a permitir el bloqueo de la investidura en el Parlament.

Sobre la declaración de independencia dijo que fue una manifestación política sin efectos jurídicos para iniciar después un periodo electoral. Asimismo, admitió que conoció la «hoja de ruta» que firmaron todos los partidos independentista en marzo de 2015 y que la suscribió en representación de su partido. Pero negó conocer el documento 'Enfocats' -«serán percepciones escritas por Jové en su libreta», dijo- y la existencia de un comité estratégico.

En el caso de la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, negó también ayer al juez que la declaración de independencia tuviera efectos jurídicos, afirmó que la violencia en términos generales le «disgusta» y aseguró que conoció por la prensa el documento 'Enfocats'. Ninguna de las acusaciones presentes pidió la adopción de medidas cautelares para Pascal.

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